El Salvador alcanzó los 1,000 días sin homicidios, en los últimos seis años, un logro histórico, reflejo de los múltiples esfuerzos que ha realizado el Estado, incluyendo la labor de la Asamblea Legislativa para crear o reforzar el marco legal que posibilite su ejecución efectiva, consideraron los sociólogos y analistas políticos René Martínez y Mauricio Rodríguez.
«Esos 1,000 días no serían una realidad sin el apoyo decidido de la Asamblea Legislativa, cuyo papel ha sido trascendental, pues ha honrado el liderazgo alcanzado por Nayib Bukele, dándole gobernabilidad, y es esa gobernabilidad el papel que debe seguir jugando para que los cambios y metas logradas no sean revertidos», destacó Martínez.
Según el portal de la Asamblea Legislativa, solo en lo que va de 2025 el pleno ha aprobado 16 decretos orientados a mantener el combate contra las pandillas, y para garantizar los tiempos y herramientas necesarias para que los detenidos sean procesados judicialmente.
«La Asamblea Legislativa ha sido un bastión principal, pues ha contribuido con 42 prórrogas al régimen de excepción, una herramienta que ha permitido la captura de más de 80,000 pandilleros que están en resguardo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y eso representa un logro sin precedentes que es posible con el apoyo de otro tipo de reformas», indicó Rodríguez.
Este año la Asamblea emitió decretos con reformas al Código Penal, para descongestionar el sistema judicial; al Código Procesal Penal, para extender el plazo de la detención provisional; a la Ley Penal Juvenil y Ley Penitenciaria, para regular la autoridad que ejecuta condenas del crimen organizado, para redistribuir los imputados en los centros penitenciarios.
El 15 de agosto anterior, el congreso aprobó el último decreto con reformas a la Ley contra el crimen organizado, para brindar las herramientas legales a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de que tenga el tiempo necesario para presentar las acusaciones contra los casi 90,000 miembros de pandillas detenidos, y que sean procesados en grupos.
De acuerdo con Martínez, este tipo de decretos no solo destacan el trabajo complementario entre los Órganos del Estado, también devela futuros beneficios en el ámbito político y económico.
«La conjunción del poder Ejecutivo con el poder Legislativo es una transición hacia una nueva forma de hacer política, pues garantiza que la población va a ser escuchada y que el país se convertirá no solo en un referente regional de seguridad, sino también en un referente en desarrollo económico. El pueblo sabe que es necesario mantener ese trabajo conjunto», aseveró Martínez.
