Las extorsiones paralizaron la ejecución de tres proyectos viales en Chimaltenango, Guatemala. Durante una citación en el Congreso, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, admitió que hay ausencia de oferta de parte de las constructoras por esta problemática.
La empresa Multiservicios El Gran Jaguar, Sociedad Anónima, encargada de las obras, denunció que su personal recibió amenazas de muerte, por lo que decidió solicitar la pausa a los trabajos en tres municipios donde tiene proyectos adjudicados
Se trata de obras en Santa Cruz Balanya, donde se realizará 2.89 kilómetros de concreto hidráulico (avance físico del 49 %); San Pedro Yepocapa, con 3.15 kilómetros de concreto hidráulico (avance físico del 49 %); y calle Real de El Tejar, con 2.6 kilómetros de concreto asfáltico (avance físico del 16.39 %), detalló en un comunicado el ministerio.
Todas forman parte del plan Conecta 2025, una iniciativa que busca mejorar la conectividad vial y proporcionar a las comunidades acceso a servicios básicos, así como impulsar el desarrollo económico y social del territorio nacional.
La suspensión ocurrió desde finales de julio, confirmó una fuente al medio «Prensa Libre», y no ha sido retomada.
Mientras tanto, el CIV presentó una denuncia en el Ministerio Público (Fiscalía) a principios de agosto. «No están afectando al ministerio, están afectando a la población en su derecho de tener infraestructura vial en buen estado», señaló Díaz.
Además, se comunicó con el Ministerio de Gobernación para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores y retomar los proyectos viales lo antes posible, además de «no permitir que grupos delictivos frenen el progreso de las comunidades», afirmó.
Durante la citación con los diputados el 21 de agosto, el funcionario explicó que debido a la extorsión las empresas constructoras no muestran interés en participar en otros proyectos de mantenimiento o edificación vial.
Al menos 65 eventos de licitación se iba a subir nuevamente al sitio web Guatecompras por la «ausencia de ofertas».
Aunque el ministro no mencionó directamente a los responsables de las extorsiones, se limitó a explicar que son «actores externos». Medios de comunicación guatemaltecos plantean vínculos con políticos, publicaciones que ya fueron retomadas por los diputados para cuestionar a funcionarios de Gobierno.
«Las empresas dicen lo que está sucediendo [extorsión], pero unas no se pronuncian; otras afirman: “no nos interesa porque hay problemas de extorsión”. Ellos no se pronuncian sobre quiénes, ni por qué los quieren extorsionar, porque están protegiendo, desde luego y entiendo, su vida», manifestó el ministro en la reunión con los parlamentarios.
La organización Diálogos de Guatemala informó que entre enero y julio de 2025 hubo 16,495 extorsiones en el país, siendo Chimaltenango uno de los departamentos más afectados.
