En el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador son enjuiciados 34 miembros de tres clicas de la Mara Salvatrucha que entre el 2017 y 2022 consumaron más de 50 hechos delictivos.
En la vista pública, a través de testigos con régimen de protección, la Fiscalía General de la República pretende probar que los terroristas cometieron 30 casos de extorsión y conspiraron para asesinar a 10 personas.
Les atribuyen un caso de homicidio agravado, un homicidio tentado y delitos como tráfico ilícito, desaparición de personas, actos preparatorios, conspiración en el delito de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
Para acreditar el último delito, el ministerio público ha establecido la función que cada uno de los imputados tenía en la Mara Salvatrucha y delimitó a las diferentes clicas a las que pertenecen, que delinquían en Olocuilta, Cuyultitán y Santo Tomas.
Se trata de una compleja estructura que fue desarticulada tras una investigación que fiscales junto a policías realizaron desde el 2020 hasta 2022.
Las tres estructuras de la MS fueron investigadas mediante escuchas telefónicas autorizadas por un juzgado de Instrucción de San Salvador. Esta herramienta especial permitió a la representación fiscal obtener abundante evidencia, ya que se cuenta con audios y transcripciones que revelan la trama de los pandilleros para ejecutar los delitos.
Durante el juicio se ha mencionado que en los 30 casos de extorsión los pandilleros exigieron a las víctimas diversas cantidades de dinero, les manifestaron que si no accedían las iban asesinar junto a su familiares y empleados. A los propietarios de negocios y empresarios, no les quedó otra opción que pagar quincenal o mensual.
Uno de los casos atribuidos a los mareros es la privación de libertad de un comerciante que en el 2017 fue interceptado cuando se dirigía a su tienda, se lo llevaron para asesinarlo con arma de fuego y luego lo enterraron en una fosa clandestina. Hasta la fecha las autoridades no han encontrado el cadáver.
