En memoria de la promesa de Joe Biden sobre una revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) en sus primeros 100 días de gobierno, los cuales culminan el 30 de abril, la hondureña Francis García, madre soltera de tres hijos y una de la cuatro representantes del comité de Las Vegas, se unió el martes a la huelga de hambre liderada por la Alianza Nacional TPS en Washington, Estados Unidos, desde el 19 de abril.
Aunque el presidente Biden aseguró durante la campaña que haría un ajuste de estatus para cerca de 436,000 tepesianos en el lapso de cien días, hasta la fecha no se ha ordenado ninguna revisión. Esa es una decisión que preocupa a los inmigrantes, quienes temen una vez más entrar en el limbo al que se han enfrentado desde la presidencia de Donald Trump.
Pese a que estas personas llevan esperando un ajuste de estatus desde hace 20 años, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) otorgó el TPS a venezolanos y birmanos y lo extendió para Siria hace unas semanas.
«Nos hemos ganado el derecho de estar aquí. Ya nos cansamos de promesas, queremos ver resultados y los queremos ver pronto», enfatizó la hondureña, que reconoce el riesgo de no tener una aprobación para continuar su vida en Estados Unidos junto a sus tres hijos.
«Necesitamos presionar al gobierno de Biden para que sus ojos se vuelvan hacia nosotros y se dé cuenta de lo que somos capaces de hacer, que es el sacrificio por nuestras familias», señaló García.
La madre vive una constante preocupación, ya no solo de pensar continuar trabajando y proveer los mejor a sus hijos, sino de no poder evitar la separación familiar, pues se expone a regresar a Honduras con las manos vacías, además, de explicar a sus hijos por qué se enfrentan a un posible cambio.
Estar amparada con el TPS permitió gozar de beneficios en un nuevo trabajo; sin embargo, «cuando el programa terminó entonces los más difícil empezó».
La Alianza Nacional TPS prepara un evento para la recta final de la huelga este viernes en la plaza Freedom, en Washington, donde se unirán las voces de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, haitianos y originarios de Nepal. Muchos se rotaron en los 43 días de huelga de hambre para lograr su objetivo: exigir la residencia permanente ahora.
La Alianza, aunque reconoce que el estatus se creó como una solución a corto plazo para resguardar la vida de las familias afectadas por conflictos armados o desastres naturales en sus países de origen, señala que los beneficiarios necesitan de una solución legislativa que conduzca a la residencia permanente para mantener seguras a la comunidades.
Florida, Arizona y Texas, son tres estados donde más beneficiarios del TPS habitan, según la Alianza, por ello, esperan también el respaldo de los senadores locales para lograr que el Congreso ampare a las familias.
