La victoria del presidente Nayib Bukele del 3 de febrero de 2019 supuso el fin de los gobiernos de ARENA y del FMLN e impulsó a El Salvador a avanzar a una posguerra largamente retrasada por los intereses comunes del binomio político dominante. La segunda fase de este proceso se dio el 28F, con el destierro de ambos partidos tradicionales del Legislativo y su desplazamiento de las alcaldías.
Los dos partidos políticos que han sido relegados a la irrelevancia por los ciudadanos salvadoreños hicieron del miedo su motor durante las campañas electorales. Intentaron que los votos fueran en respuesta a terrores que tenían su raíz en la Guerra Fría o más atrás, o que traían consecuencias en contra del país entero, como el fin de las remesas o la deportación de millones desde Estados Unidos.
ARENA y su grupo de influencia dedicaron esfuerzos para promover estas visiones apocalípticas, en un intento por extender sus administraciones. Más tarde, con la irrupción de Nayib Bukele como candidato presidencial, señalaron como peligrosa su juventud o la supuesta falta de experiencia política, como si la administración de dos municipalidades no tuviera ningún peso. En esto último unían el ataque en combinación con el FMLN y medios de comunicación tradicionales.
Ahora que vemos que ha empezado la era de los cambios y las transformaciones profundas en El Salvador vuelven a surgir las voces catastróficas, entre las que destacan las de los aliados políticos de ARENA y del FMLN, además de sus séquitos de ONG, fundaciones y asociaciones, así como de actores internacionales vinculados a ellos.
En esta ocasión, el guion del miedo incluye nuevamente las deportaciones, la eliminación del TPS para los salvadoreños residentes en Estados Unidos que han sido beneficiarios por más de una década, el bloqueo a créditos y al financiamiento multilateral y la cancelación de visas de funcionarios.
Ha sido el mismo presidente Joe Biden quien ha prometido resolver el estatus de los beneficiarios del TPS, luego del intento de Donald Trump de cancelarlo. A pesar de que las organizaciones que luchan por la regularización de los «tepesianos» denuncian retraso en la discusión de una legislación general, el Gobierno de Estados Unidos no ha mostrado retroceso ni mucho menos hacer algo que criticó de Trump.
Basar un discurso amenazante en «rumores» o en «supuestas reuniones» en el Congreso o en la Casa Blanca para resucitar la táctica del miedo y el terror como motivación para la toma de decisiones solo nos demuestra que hay muchos intereses para mantener el «statu quo» en El Salvador. Y que los cambios y las transformaciones políticas siguen en marcha generando incomodidades.
