El abogado Roberto Cevallos ha pedido que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emita medidas cautelares y proceda al embargo preventivo de bienes de los diputados miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, por la deuda de $135,369.18 que ese órgano del Estado tiene con la Sociedad Grupo Ferresal y JM Construcciones.
Cevallos explicó que en diciembre de 2019 la Sociedad Grupo Ferresal y JM Construcciones suministró a la Asamblea Legislativa $135,369.18 en materiales para la construcción de las oficinas del partido ARENA, sin embargo, hasta la fecha, el monto no ha sido cancelado.
Según el abogado, la negativa de la junta directiva de la Asamblea para pagar ha generado que acuda a ins-tancias como la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 24 de marzo pasado, para pedir el embargo preventivo de bienes.
«Solicito el embargo preventivo de inmuebles de los demandados, a fin de poder garantizar las resultas del pro¬ceso y una eventual ejecución forzosa de la sentencia. Ello en razón a lo esta¬blecido en el artículo 106, inciso quinto de la Constitución de la República que prohíbe la confiscación», se lee en el escrito que Cevallos en calidad de apoderado general judicial y administrativo de Sociedad Grupo Ferresal y JM Construcciones presentó en la Sala de lo Contencioso.
En el escrito, el apoderado pidió que se proceda al embargo de los bienes de Mario Ponce, diputado del PCN y que desde el 1.° de noviembre de 2019 ocupa la presidencia de la Asamblea Legislativa; Norman Noel Quijano González, diputado de ARENA y primer vicepresidente; Yanci Guadalupe Urbina González, del FMLN y tercera vicepresidenta; Alberto Armando Romero Rodríguez, de ARENA y cuarto vicepresidente.
También contra Reynaldo Antonio López Cardoza, del PCN y primer secretario; Norma Cristina Cornejo Amaya, del FMLN y tercera secretaria; Patricia Elena Valdivieso de Gallardo, de ARENA y cuarta secretaria; y Mario Marroquín Mejía, de ARENA, como sexto secretario.
El embargo preventivo de bienes no incluye a Guillermo Gallegos de GANA y segundo vicepresidente; Rodolfo Párker, del PDC, como segundo secretario; ni a Lorenzo Rivas Echeverría, de GANA y quinto secretario.
El apoderado explicó a «Diario El Salvador» que los tres legisladores no firmaron el acuerdo en que la junta directiva se niega a devolver los materiales de construcción o a pagar los $135,369.18. Asimismo, el apoderado reveló que solicitó el embargo preventivo a favor de la Sociedad Grupo Ferresal y JM Construcciones porque «es de temer que el señor fiscal general pida medidas cautelares, extinga dominio sobre bienes de los directivos [de la Asamblea Legislativa] como de las personas que han desfalcado a ese órgano del Estado con las plazas fantasma».
La semana pasada, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que la junta directiva de la Asamblea Legislativa ha sido la encargada de suscribir los contratos de las plazas en la Asamblea Legislativa.
Según el titular de Hacienda, son al menos $75 millones desfalcados de la Asamblea Legislativa por plazas fantasma solo en la legislatura 2018 – 2021, la cual concluye el 30 de abril de este año.
