Una docena de «medios de comunicación», de los que se autodenominan «independientes», se ha declarado «en jaque» ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó poner fin al despilfarro que significaba la USAID.
El cierre del chorro de los millones de dólares que fluían de la agencia hacia diferentes programas ha significado el fin del «modus vivendi» de una serie de personajes que vivían «de la cooperación internacional». Con dinero asegurado, lo único que tenían que hacer era justificar sus proyectos y gozar de jugosos salarios. De independientes, nada, porque su operación y funcionamiento descansaban hasta en un 70 % de esos ingresos. Eran totalmente dependientes de la «cooperación».
La historia de la USAID en El Salvador tomó un giro cuando durante la administración del expresidente Joe Biden se suspendieron programas de cooperación con el Gobierno del presidente Nayib Bukele para reorientar esos fondos a «la sociedad civil», que no fue otra cosa que enviar enormes cantidades de dinero para los voceros mediáticos de la oposición, ONG y fundaciones que servían de fachada para los activistas.
El presidente Bukele lo denunció en su momento cuando señaló que millones de dólares de los contribuyentes de Estados Unidos se destinaban para tratar de desestabilizar a un gobierno legítimamente electo, que, además, gozaba del apoyo de más del 90 % de la población.
Sin embargo, la visión ideológica preponderante en ese momento en Washington prefirió destinar esos fondos al ataque a través de notas y publicaciones. Así pasó en otras partes del mundo, como también lo señaló WikiLeaks cuando reveló que los programas de USAID financiaban a medios progubernamentales en Ucrania y en otras latitudes se dedicaban a apuntalar a medios antirrusos.
De hecho, la USAID tenía su propia ONG, Internews, la cual canalizó $472.6 millones hacia 4,291 «medios de comunicación» en todo el mundo. Al frente de esa organización estaba Jeanne Bourgault, que devengaba un salario anual de $451,000 ($37,500 por mes).
Una de las características compartidas por estas organizaciones mediáticas que reciben fondos de cooperación externa es que se dedican a censurar a otros medios con acusaciones de «desinformación», una postura tan subjetiva que únicamente pretende desacreditar, ya que reclamaban el derecho de decidir lo que era «bueno» o «malo» para pretender dirigir a las audiencias hacia cómo debían pensar.
Internews tenía una operación global, incluidas seis subsidiarias (una con sede en una isla considerada un paraíso fiscal), y su principal dirección de facturación figura en un edificio abandonado en California, lo que alentó los temores de lavado de activos.
