La Fiscalía de Ecuador acusó el martes a 17 militares de desaparición forzada de cuatro menores, cuyos cuerpos aparecieron luego calcinados, en medio de denuncias de organizaciones internacionales sobre crecientes abusos de las Fuerzas Armadas desplegadas para la lucha contra el narcotráfico en el país.
Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años de edad, fueron detenidos en diciembre del año pasado por una patrulla militar en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Sus cuerpos aparecieron incinerados días después cerca de una base de la Fuerza Aérea.
Un informe de Amnistía Internacional señala que la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, cuando empezó el mandato del presidente conservador Daniel Noboa, cuya bandera es la mano de hierro contra el crimen.
El lunes en la audiencia del caso denominado Malvinas, la Fiscalía acusó «a 16 militares –como autores directos– y a un Coronel –como cómplice– por la detención ilegal y presunta #DesapariciónForzada» de los cuatro menores, ocurrida el 8 de diciembre de 2024», señaló el organismo en X.
Un testigo del caso señaló que tras ser liberados por los militares los niños fueron retenidos por un grupo criminal. El ministerio de Defensa apuntó hacia un cabecilla de la banda de «Los Águilas» como responsable.
Sin embargo, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH), que acompaña a las familias, puso en duda el relato. Aseguró que en otra versión el mismo testigo señaló que «personal militar lo obligó bajo amenazas de muerte» a declarar que bandas criminales se llevaron a los menores.
Noboa declaró a Ecuador en 2024 en un conflicto armado interno, lo que le permite desde entonces mantener desplegadas a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen dentro del territorio.
En su informe Amnistía Internacional concluyó que »lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo».
