Por más de década y media, la vieja Asamblea Legislativa mantuvo en «el congelador» la ley del agua, que es como se denomina a la acción de mantener activo el expediente, pero sin discutirlo realmente ni mandarlo al archivo para desterrarlo. Es una especie de limbo legislativo que sirve únicamente para mandar el mensaje de que un determinado tema no está desechado, pero al mismo tiempo no se avanza para no afectar los intereses corporativos de los financistas.
En resumidas cuentas, sirve para mantener viva una esperanza. Y para afianzar esto, la alianza ARENA-FMLN sacaba de vez en cuando el expediente, lo desempolvaba y le añadía más propuestas, observaciones, consultas… lo que se le ocurriera, con tal de mostrar que le preocupaba el tema.
Prueba de que ARENA y el FMLN nunca quisieron aprobar una ley del agua es que no lo hicieron en 30 años. Tuvieron los votos para hacerlo, en conjunto o cada uno cuando fueron gobierno, en compañía de sus aliados legislativos, pero realmente nunca tuvieron la voluntad para garantizar que el agua era un derecho humano y que estaba al servicio de los ciudadanos, no de intereses corporativos, mucho menos un recurso para ser privatizado. Haber corrido cuando faltaban días para que terminara su legislatura es otra muestra del desinterés que siempre tuvieron hacia la población y de su verdadera opción a favor de sus patrocinadores.
Lo más patético ha sido ver a diputados de ambas agrupaciones dar una conferencia juntos. Tras ser condenados a la irrelevancia política, ahora ARENA y el FMLN no tienen empacho en mostrar su unidad de manera pública, dando declaraciones en conjunto, acuerpando a ONG que ignoraron durante 15 años. Si por década y media, cuando tenían el poder para aprobar la ley, hicieron caso omiso a sus propuestas e iniciativas, ¿qué les hace pensar que ahora podrán hacer algo, cuando entre los dos son menos de una cuarta parte de los votos válidos de la Asamblea Legislativa?
La única razón para salir juntos y acuerpar a la «sociedad civil» es la propaganda que se repite en sus boletines: de que escuchan a los ciudadanos y que dialogan, lo que jamás hicieron cuando tenían la fuerza política para tomar decisiones.
La nueva Asamblea Legislativa retomará la discusión desde cero, sin ninguna influencia de los que avalaban la privatización del recurso ni de aquellos que dicen representar a la sociedad. El pueblo salvadoreño se expresó en las urnas y sus representantes asumieron sus curules con el compromiso de defender a los ciudadanos.