Jueces, magistrados, colaboradores jurídicos, abogados en el libre ejercicio de la profesión, funcionarios y exfuncionarios se inscribieron en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para participar en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que serán electos para la legislatura 2021-2024.
Este 30 de junio concluyen funciones cinco magistrados de cuatro Salas de la CSJ, y, según el reporte del CNJ, hay 76 aspirantes inscritos para el cargo. Entre los candidatos está Gregorio Sánchez Trejo, cuyos nombramientos —dos como presidente y uno como primer magistrado de la Corte de Cuentas de la República (CCR)— fueron declarados ilegales por la Sala de lo Constitucional en enero, marzo y junio de 2013, respectivamente.
En las tres sentencias, la Sala estableció que los diputados de la Asamblea Legislativa no cumplieron con el deber constitucional de justificar la honradez y la competencia notoria de Sánchez Trejo.
Luego de ser declarado inconstitucional, el entonces presidente, Salvador Sánchez Cerén, lo nombró director de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), cargo sobre el cual una gremial empresarial presentó una demanda de inconstitucionalidad por vicios en el proceso de elección.
Paralelamente al cargo de confianza como director de la Siget, Sánchez Trejo era el presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) y era el encargado de conducir el proceso de elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional del período 2018-2027.
Esta situación llevó a tres asociaciones de abogados a pedir la separación de Trejo de la Fedaes por su conflicto de intereses con el cargo de director de la Siget y dirigir la elección de magistrados. Sánchez Trejo ha sido señalado en publicaciones periodísticas de ser allegado, en un primer momento, al PDC, y, posteriormente, al FMLN.
Entre los aspirantes está el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Mauricio Castaneda, quien concluye sus funciones en esta institución en 2022, cargo que inició en 2017. Castaneda Soto ya ha sido magistrado de la CSJ. En 2005 no se opuso a la decisión de la Corte en pleno que limitó el trabajo de la Sección de Probidad para indagar en el sistema bancario el patrimonio de los funcionarios.
A inicios de 2019 fue denunciado en la Fiscalía por presunta estafa agravada, por la venta de una propiedad. El jefe del departamento de la CSJ que investiga el patrimonio de los funcionarios y exfuncionarios públicos, Carlos Rafael Pineda Melara, intenta otra vez ser magistrado de la CSJ.
En 2018 fue candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional para el período 2018-2027, pero no fue electo por los diputados debido a la presión de las organizaciones de la sociedad civil que advertían el conflicto de intereses por su cargo.
La expresidenta de la CCR y en 2012 candidata a diputada del PCN por Chalatenango, Carmen Elena Rivas Landaverde, también quiere ser magistrada de la CSJ.
El exprocurador de Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, también es candidato a magistrado.
A inicios de 2020, Luna fue contratado por el diputado del PCN y presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que asesorara al equipo técnico de la comisión política de la Asamblea en cuanto a la redacción de la ley de reconciliación nacional, que posteriormente fue vetada por el presidente Nayib Bukele, ya que consideró que impedía el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, tal como mandató la Sala de lo Constitucional en su sentencia del 13 de julio de 2016.
De los cinco magistrados que concluyen funciones este 30 de junio, solo Doris Luz Rivas Galindo y Elsy Dueñas Lovos se inscribieron en el proceso del CNJ y aspiran a la reelección por nueve años más.
