El homicidio intencional es un crimen complejo que requiere una clasificación y determinación criminológica estricta; en muchos países la prioridad es sobre todo jurídica y en otros no tiene mayor relevancia. En la mayoría de los países es la policía la que registra inicialmente una muerte como homicidio intencional o no intencional; sin embargo, el proceso legal lleva tiempo. La clasificación final puede cambiar después de autopsias médico-legales, investigaciones con efectos forenses, ampliaciones, pericias, planteamientos de las fiscalías y decisiones de los tribunales.
Canadá tiene una tradición y solvente prestigio de ser la nación que en la última década presentó la menor tasa de violencia homicida en el continente americano; no existe duda sobre ese sitial de honor. Su laboratorio de datos pertenece al Gobierno, fundamenta sus cifras en la espera de la resolución de la investigación policial para garantizar que el caso se clasifique definitivamente como homicidio intencional. El trabajo del laboratorio de datos canadienses está fundamentado en una encuesta de recolección de homicidios de todas sus sedes, sean municipales, de provincia o federales. Hasta acá todo en orden; pero ¿qué pensaría usted, estimado lector, cuando sepa que esta información en Canadá la remiten de manera anual? No existen reportes mensuales, trimestrales o semestrales. Estamos en la segunda semana de octubre de 2025 y Canadá no da a conocer las cifras sobre violencia homicida del presente año; siempre lo hace así, es la mayor crítica a sus datos ya que no existe transparencia en el proceso.
No será hasta los primeros meses de 2026 cuando se reciban los datos del año anterior. En estos meses puede ser, y considero que es lo más predecible, que eliminen registros, los cambien de categoría o clasificación. El dato determinado lo publican con un retraso de entre cuatro a seis meses, en promedio, y en ocasiones en el segundo semestre del año calendario. En Canadá no es prioridad el dato de otras instituciones del sector de justicia, su dato es el del Gobierno por medio de sus datos policiales. Sus datos son sobre homicidios intencionales determinados finalizados.
He dado seguimiento directo a Canadá por lo que han representado en el continente durante el presente siglo sus cifras determinadas de homicidios intencionales, y en la última década presentaba una clara tendencia al alza, llegando en 2022 a una tasa de 2.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, de manera inexplicable, porque no hay un giro en su política criminal, planes, estrategias o acciones de seguridad pública que me haga pensar que hicieron algo para que durante 2023 y 2024 informaran sobre descensos y quiebre en la tendencia de violencia homicida, que era una clara tendencia al incremento por graves problemas de drogas, estupefacientes, metanfetaminas, fentanilo, pandillas juveniles, hurtos, robos, incremento en delitos patrimoniales, que incluso el año anterior policías de Toronto efectuaron declaraciones públicas muy polémicas recomendando facilitar el robo de sus vehículos a los ladrones.
¿Cómo podrían bajar los homicidios ante el incremento de la violencia en varias de sus 10 provincias y tres territorios sin anunciar un plan o estrategia integral? Al no publicar las cifras es sensato pensar en varias posibilidades de manipulación a conveniencia de sus cifras oficiales.
Con el grave problema de violencia por drogas, muchos heridos por esta violencia ingresan al sistema de salud pública, y luego de semanas o meses mueren, pero esa muerte no ingresa al dato de homicidios, queda como un fallecido en hospital por otras causas. Se maneja como un problema de salud pública.
Canadá sigue siendo un país con niveles tolerables de violencia homicida, pero ahora ya tiene competencia con El Salvador que se ha logrado posicionar como el país con la menor tasa en el continente ante la incredulidad de los mejores expertos en criminología y seguridad del mundo.
El Salvador presenta datos estadísticos diarios y públicos por la PNC sobre homicidios intencionales, y que cuentan con el respaldo interinstitucional del sector de justicia y seguridad. No solo está liderando en combate y represión al crimen organizado, sino también en ciencias de datos criminales y homicidas.
