El Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele advirtió este sábado de una nueva modalidad de estafa telefónica cometida por delincuentes internacionales.
Personas que ofrecen servicios o empresas de entrega a domicilio son citadas para llegar a lugares retirados o desolados para que en el camino sean amenazadas con estar rodeadas por hombres armados o incluso integrantes de carteles internacionales de la droga.
Previamente han obtenido información de las personas, incluyendo números de gente de confianza, quienes también reciben llamadas amenazantes.
Todo esto sucede desde una cárcel colombiana, Cómbita, donde las autoridades salvadoreñas —en coordinación con las de Colombia— han detectado más de 100 números celulares activos.
Desde ahí se hacen las llamadas telefónicas no solo hacia El Salvador, sino también hacia Guatemala, Hon duras, República Dominicana y países de América del Sur.
Los criminales hacen creer a sus víctimas que van a ser secuestradas y que deben pagar dinero por su libertad.
«En este país no existen carteles de droga, tampoco secuestros ni mucho menos secuestradores; ante estas estafas telefónicas no hay ningún riesgo físico, todo es psicológico», declaró el sábado el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Uno de los efectos directos del Plan Control Territorial, implementado por el Gobierno del presidente Bukele, es que al desarticular las pandillas a escala nacional también se han controlado los delitos violentos: desde los asesinatos, pasando por las extorsiones y los secuestros.
Los éxitos en seguridad pública han eliminado a las pandillas del mapa criminal de El Salvador, pero esto no quiere decir que grupos criminales de afuera, a través de llamadas telefónicas o de servicios de mensajería instantánea, puedan llegar hacia los ciudadanos, especialmente cuando estos, gracias al clima de seguridad del país, publican en redes sociales sus números telefónicos para ofrecer servicios diversos.
Sin embargo, no hay posibilidad real de que estos delincuentes cumplan sus amenazas, porque no solo no están físicamente en el país, sino que tampoco pueden hacer que otros cumplan por ellos.
Si estuvieran en el país ya estarían detenidos e incomunicados sin posibilidad alguna de que pudieran continuar cometiendo crímenes.
Uno de los componentes fundamentales del plan de seguridad pública es el control total de las cárceles, lo que incluye el bloqueo efectivo de las señales telefónicas.
Las autoridades aconsejan que si uno recibe una de estas llamadas lo primero que debe hacer es denunciar lo y cortar toda comunicación. Bajo ningún motivo debe entregarse dinero o dejar que estos criminales quieran seguir afectando psicológicamente.
