El Salvador sufrió una metamorfosis de manera vertiginosa, se transformó en el año 2019, del país que se caracterizó históricamente por ser gobernado por presidentes y gabinetes del poder Ejecutivo corruptos, o sea, la criminalidad fue un eje transversal que atravesó la institucionalidad estatal.
El país de 1989 a 2019 fue gobernado por dos poderes: el formal, elegido a través de las elecciones; y el informal, constituido por el crimen organizado, en particular por las pandillas, mejor conocidas como maras.
El Salvador fue gobernado por el poder formal constituido por los partidos ARENA (1989-2009) y FMLN (2009-2019), y era cogobernado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
No obstante, para los defensores del crimen organizado y narcotráfico, en los gobiernos de los partidos tradicionales y cogobiernos de pandillas existía democracia, y al actual Gobierno de Nayib Bukele lo consideran un «retroceso democrático», porque «antes de Bukele, El Salvador era una democracia». Incluso, afirman, que ARENA y el FMLN «fortalecieron gradualmente la democracia» y que con el ascenso de Bukele se dio un «deterioro del régimen democrático que se había consolidado desde 1992».
Para los detractores del sistema político democrático y del nuevo modelo económico de El Salvador, el actual Gobierno no tiene validez ni legitimidad, sino se libera a los pandilleros encarcelados en el Cecot y en sistema penitenciario de El Salvador, porque consideran que es una violación a los derechos humanos encarcelar criminales, violadores, extorsionistas, secuestradores, etcétera.
Los opositores políticos consideran inaudito que se haya destituido a los jueces y magistrados deshonestos, porque eran los garantes de la inmunidad y privilegios de los corruptos y criminales, de igual forma, están en contra de las modificaciones de los códigos Penal y Procesal Penal, porque cierra los portillos jurídicos para impedir dejar en libertad a los delincuentes, y por tal razón consideran que lo que existe en El Salvador es «un desmantelamiento de las instituciones democráticas».
Además, en la lógica de los agentes políticos de oposición, todo delincuente que «defienda» los derechos de los pandilleros se purifica en automático y se borra con esa envestidura o rol todos los actos delincuenciales cometidos, por lo tanto, si se les aplica la ley, es una persecución política, y lo consideran como un «daño que Bukele le ha hecho a la institucionalidad democrática de su país», y según los opositores constituye un «proceso de desdemocratización» y un «agravamiento de la crisis de derechos humanos».
El objetivo de los enemigos del modelo Bukele es desprestigiar y satanizar al presidente Bukele e invisibilizar y menospreciar todas las políticas públicas y gobernanzas emanadas del Gobierno dirigidas a beneficiar a la población salvadoreña con el propósito perverso de crear desconfianza y rechazo en la ciudadanía de Estados gobernados por corruptos que cogobiernan con el crimen organizado y poderes fácticos.
Es decir, que ciudadanos de otros países se confundan al hacerles creer que en sus naciones de origen se vive la democracia y se respetan los derechos humanos, cuando es exactamente lo contrario; los escritores y periodistas mercenarios son asalariados con el propósito de que rechacen desde las salas de redacción de medios de comunicación y de oficinas de ciertas instituciones lo que en El Salvador se está construyendo, porque obviamente no les conviene y es un verdadero peligro para sus intereses.
Los periodistas y escritores mercenarios del crimen organizado llegan al absurdo kafkiano de describir a la democracia como dictadura y a esta última como democracia, en otras palabras, son apologistas de la distopía, en sus artículos, libros, comunicados, entrevistas, etcétera, tratan de convencer a los espectadores o lectores de que ahora lo malo es bueno y hay que defenderlo, por ejemplo, declararle la guerra a la delincuencia es antidemocrático y podría acarrear graves problemas internacionales, como condenas de organizaciones no gubernamentales e instituciones «defensoras» de los derechos humanos y de la democracia.
El planteamiento de George Orwell en su obra «La granja» cobra vida con estos mercenarios al tratar de hacer creer a las poblaciones que son rebaños de ovejas y que se sientan contentas de vivir en el matadero.
Con el fin de desprestigiar la democracia salvadoreña, la comparan con la dictadura de Nicaragua, es del conocimiento general que Daniel Ortega tiene encarcelado a los dirigentes de la oposición política, incluso, les ha quitado la nacionalidad nicaragüense y los ha torturado, y en las últimas elecciones encarceló a todos los candidatos de oposición a su dictadura, y se impuso como tirano a través de la represión y el fraude, hecho reconocido y condenado regional e internacionalmente.
En El Salvador las elecciones son libres, no existe un político ni periodista de la oposición preso, torturado ni perseguido, los salvadoreños eligieron soberanamente al presidente y a los diputados. Los poderes Ejecutivo y el Legislativo tienen una alta representatividad ciudadana de más del 80 % del cuerpo electoral, y esta decisión fue a través del sufragio, a esta realidad los opositores le denominan peyorativamente, entre tantos calificativos, «hiperpresidencialismo».
A pesar de toda la diatriba, calificaciones y descalificaciones en los medios de comunicación y revistas contra el modelo Bukele, campaña mediática que tiene un costo de millones de dólares, los opositores no han logrado sus objetivos en la población salvadoreña; al contrario, el apoyo al presidente Bukele se mantiene y se fortalece, nueve de cada 10 salvadoreños confían y respaldan al presidente Bukele y al Gobierno. Estos datos son de la última encuesta desarrollada por CID Gallup en septiembre de 2025.
Los opositores se consideran el universo, poseedores de la verdad absoluta y la razón universal. No obstante, son una insignificante minoría que no representa a la ciudadanía, sino únicamente a los que los financian.
