Los partidos ARENA, FMLN y PCN creen que es necesario que la Asamblea Legislativa retome la discusión de la Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional del conflicto armado y no descartan dar sus votos para superar el veto del presidente de la república, Nayib Bukele.
La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria extraordinaria del 26 de febrero de este año y no fue acompañada por todos los diputados, porque denunciaron que el nuevo cuerpo jurídico replicaba vicios de inconstitucionalidad, señalados en la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.
De hecho, ese 26 de febrero, la ley especial solo fue votada a favor por 44 diputados: 35 de ARENA, siete del PCN y dos del PDC. Ningún diputado del FMLN votó en contra, y de GANA solo lo hicieron seis de sus 10 diputados, mientras que Cambio Democrático (CD) y el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, votaron en contra.
El artículo 60 de la normativa restringe el trabajo de los fiscales, porque solo tendrán 12 meses para investigar y presentar en los tribunales las denuncias penales en contra de los responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad. A la mitad de ese plazo, es decir, a los seis meses, el fiscal puede desechar el caso y enviarlo al archivo si considera que no hay suficientes indicios para presentar el requerimiento en los tribunales.
De igual forma, el artículo 61 de la ley permite la conmutación de la pena carcelaria para los perpetradores de crímenes y también les da la oportunidad de gozar de medidas alternas o sustitutivas a la detención por causales como su estado de salud o su edad avanzada. Las organizaciones de defensoras de los derechos humanos han rechazado públicamente los beneficios carcelarios para los perpetradores de crímenes.
El mismo día que la Asamblea Legislativa aprobó la ley especial, el presidente de la república anunció, a través de su cuenta en Twitter, que no la sancionaría, porque no garantizaba el acceso a la verdad, justicia y reparación de los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado.
El 28 de febrero pasado, el Ejecutivo notificó formalmente a la Asamblea Legislativa del veto y en su razonamiento planteó: «No puedo ser cómplice de una ley inconstitucional». El presidente también recordó que el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, y otros comandantes de la exguerrilla, ahora la segunda fuerza política en la Asamblea, están acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Comisión Política hará discusión
Para el subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, es necesario que la comisión política de la Asamblea Legislativa retome la discusión de la ley de reconciliación y contó que miembros de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de Nueva Trinidad, Chalatenango, le enviaron recientemente una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para pedirle que reactive la discusión de la normativa y traten de superar el veto de Bukele.
Fabián no dudó que el resto de diputados de su partido esté en la disposición de dar sus votos para superar el veto.
«Así como lo votamos, creo yo que nuestro objetivo es tratar de superarlo (el veto). Nosotros estamos en la ruta de superarlo, pero recuérdese que quien no quiso votar para esa ley fue el FMLN, aunque un montón de gente del FMLN que está deseando que se supere (el veto), pero como sus diputados no quieren, pues ahí está el problema. Pero nosotros sí estaríamos en la ruta de ver cómo superamos ese veto», señaló el jefe de fracción del principal partido de oposición.
Fabián opinó que el presidente Bukele vetó la ley de reconciliación nacional «por revanchismo político» y porque sobre el Estado salvadoreño recaerá el costo financiero para la implementación de los planes, programas y acciones para la reparación de las víctimas del conflicto armado.
La jefa de bancada del FMLN, Nidia Díaz, coincidió con ARENA en que posiblemente el mandatario vetó la ley para evitar que el costo financiero de la reparación recaiga sobre su administración. «Allí (en la comisión política) está pendiente esa superación del veto, que no sería extraño que se vuelva a revisar pronto», declaró Díaz, una excomandante de la guerrilla.
El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, no confirmó ni negó la posibilidad de que ese partido vote en favor de la superación del veto.
«Siempre estamos y estaremos a favor de cuatro ejes fundamentales, para nosotros y las víctimas: derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación y garantías de no repetición. Basados en esos cuatro ejes es que nosotros estableceremos nuestra posición frente al veto de la ley de reconciliación, emitido por la presidencia del Ejecutivo», declaró el subjefe de bancada del otrora partido de gobierno.
El jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz recordó que para este 30 de octubre, la Sala de lo Constitucional hará una audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia del 13 de julio de 2016 que expulsó del ordenamiento jurídico la ley de amnistía de 1993, pero también planteó que «sería bueno» superar el veto de Bukele.
«No hemos superado el veto, sería bueno hacerlo o por lo menos que eso se discutiera. Pero estamos esperando esa reunión que convocó la Sala de lo Constitucional al señor presidente de la República y al señor presidente de la Asamblea Legislativa», expresó el jefe de bancada del PCN.
Paso a paso del proceso de formación de ley
- 13 de julio de 2016: La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 y revivió la Ley de Amnistía de 1992. La ley de 1993 fue aprobada pocos días después de ser publicado el informe de la Comisión de la Verdad.
- 28 de mayo de 2019: La Asamblea llevaba avanzada la redacción del proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que no prosiguiera porque, a su parecer, impedía el acceso a la verdad, justicia y reparación.
- 13 de julio de 2019: Venció el plazo para la aprobación de la ley, pero a petición de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional avaló que fuera aprobada a más tardar el 13 de noviembre de 2019 y estuviera en sintonía con la sentencia del 13 de julio de 2016.
- 12 de noviembre de 2019:La Asamblea Legislativa pidió, por segunda vez, que la Sala ampliara el plazo para la aprobación de la ley, el cual concluía al siguiente día, es decir, el 13 de noviembre. La Asamblea justificó su petición en que los partidos políticos no habían alcanzado acuerdo para aprobar la normativa.
- 5 de diciembre de 2019: La Sala aceptó la petición de la Asamblea y amplió hasta el 28 de febrero de 2020 el plazo para la aprobación de la ley. El 26 de febrero, la Asamblea aprobó, con 44 de los 84 votos, la ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional.
- 26 de febrero de 2020: La Sala de lo Constitucional hará una audiencia de seguimiento y verificará el cumplimiento de la sentencia del 13 de julio de 2016, en la cual ordenó que la Asamblea se abstuviera de aprobar una ley que impida el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes.
“El presidente todo veta, todo lo que no va de acuerdo con lo que él quiere lo veta. Más que por una acción jurídica, a lo mejor vetó por revanchismo político, y al final quienes están sufriendo son las víctimas que requieren que se les reconozcan sus derechos”
Julio Fabián
Subjefe de fracción de ARENA
“He pedido a la comisión política que haga una revisión de todos los temas pendientes, y allí está pendiente esa superación del veto, que no sería extraño que se vuelva a revisar pronto. Así como otros temas, la discusión de la superación del veto quedó suspendida por la pandemia”
Nidia Díaz
Jefa de fracción del FMLN
No hemos superado el veto, sería bueno hacerlo o por lo menos que eso se discutiera. Pero estamos esperando esa reunión que convocó la Sala de lo Constituciona»
Antonio Almendáriz
Jefe de fracción del PCN