El 2021 fue, sin duda, un año difícil para partidos políticos como ARENA y el FMLN, con sendas debacles electorales y el rechazo de la población expresado en las urnas el 28 de febrero, cuando fueron elegidos 84 nuevos diputados y 262 concejos municipales.
Parte del desencanto de la población salvadoreña radicó en los casos de corrupción que se les imputaron a exfuncionarios de las administraciones tricolor y roja tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.
La postura que estos partidos tradicionales tomaron en la defensa o el rechazo de los exfuncionarios señalados varió, y tuvo que ver con el respaldo que aún conservaban en la estructura partidaria. De ARENA, la Asamblea Legislativa llamó a comparecer a una decena de exfuncionarios tricolor ante la comisión especial que investiga los sobresueldos entregados desde 1989 hasta 2019.
Un caso de defensa evidente ocurrió durante la comparecencia del expresidente Alfredo Cristiani, a quien se le cuestionó que en sus últimos seis meses de gestión se erogaron cheques con un valor de 37 millones de colones, equivalentes a $5.1 millones a la tasa de cambio.
La legisladora Rosa María Romero intentó, en reiteradas ocasiones, limitar el trabajo de los diputados de la comisión con el argumento de que el interrogatorio debía orientarse al pago de los sobresueldos y no hacia la partida secreta de gastos reservados de la presidencia.
Sin embargo, los sobresueldos en los cuatro gobiernos de ARENA y los dos del FMLN se pagaron con los fondos procedentes de esa partida, por ignorancia o por conveniencia.
Rosa María Romero incluso le preguntó al expresidente Cristiani si en su Gobierno se les entregó dinero a las pandillas. «¿Usted le dio dinero en su mandato a pandilleros?», preguntó. Cristiani le respondió: «En mi Gobierno no había pandillas aún, diputada».
Pero la postura de ARENA cambió en casos como el de Norman Quijano, Elías Antonio Saca y Ernesto Muyshondt.
En palabras del propio expresidente Saca, «ARENA me abandonó en el proceso que enfrenté. Me dejaron solo», mencionó cuando acudió a la comisión por los sobresueldos, en la Asamblea Legislativa.
El partido tampoco quiso defender a Norman Quijano del proceso de antejuicio que se libró en su contra, y se rehusó a designar a un diputado en calidad de defensa.
Fue el jefe de fracción, René Portillo Cuadra, quien dijo que «por motivos personales» no asumiría la defensa propuesta por sugerencia del diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara. El FMLN también ha sostenido discursos muy similares en los casos de corrupción.
Los tipificó como «persecución política» cuando se trató de varios exfuncionarios durante los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, que están señalados de procesos irregulares.
Entre los capturados están los exministros Carlos Cáceres, Violeta Menjívar, Calixto Mejía, Hugo Flores y la exviceministra Erlinda Hándal.
Sobre esos hechos, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, sostuvo: «Estas capturas lo que buscan es callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición y establecer una persecución política».
La dirigencia del partido de izquierda exigió la inmediata liberación de los detenidos por considerar que la Fiscalía General de la República actuó sin base jurídica permitida.
En contraste, como instituto político desmeritó que los exmandatarios optaron por la nacionalidad nicaragüense con el objetivo de evadir la justicia, que los requiere por corrupción en El Salvador.
Tampoco ha pedido que el exministro Herman Rosa Chávez, ausente en dos citatorios por sobresueldos, venga a El Salvador y esclarezca la entrega irregular de fondos en concepto de bonificaciones adicionales al salario nominal.
