La nueva Asamblea Legislativa reformó la noche de este martes 20 artículos de la Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito, para frenar los abusos que los burós crediticios cometen en contra de la población salvadoreña.
La reforma, aprobada con 80 votos, da seis meses a los tres burós que operan en El Salvador (Equifax, TransUnión e Infored) para que actualicen toda la información crediticia de sus usuarios y adecúen sus operaciones a las nuevas exigencias legales.
Los diputados explicaron que los burós han dejado de actualizar la información crediticia de los clientes hasta por un año, situación que impide que los bancos privados o casas comerciales no tengan datos confiables de la situación financiera de ellos para otorgarles créditos o servicios.
A partir de la conclusión del plazo de los seis meses, los burós quedan en la obligación de actualizar cada 15 días la información crediticia y si se niegan a rectificar o modificar datos inexactos de los clientes, incurrirán en una infracción grave.
Las infracciones graves conllevarán multas desde los 100 hasta los 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, pero si la afectación es a intereses colectivos o difusos será hasta los 600 salarios mínimos. 100 salarios mínimos equivalen a $36,500 y 600 salarios a $219,000.
En caso de que un banco, que es un agente económico formal, reporte como dato negativo a un buró de crédito la falta de pago de membresía asociada a una tarjeta de crédito sin saldo de capital o intereses vencidos, también incurrirá en una infracción grave. Asimismo, es una infracción de este tipo el proporcionar, mantener o transmitir datos de los consumidores o clientes que no sean exactos o veraces.
