La Asamblea Legislativa aprobó ayer la eliminación de $0.26 que se cobran como impuesto por la venta de cada galón de combustible, ello como parte de las medidas que el Gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa para proteger el bolsillo de los salvadoreños ante la crisis económica mundial.
Los legisladores aprobaron en sendos decretos que ya no se siga pagando los $0.10 que se cobran para fondear la Contribución Especial para la Estabilización de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de tipo Colectivo y Masivo (Cotrans).
El parlamento eliminó también los $0.16 que se gravan a los combustibles bajo el nombre de Fondo de Estabilización de Fomento Económico (FEFE), impuesto creado en 1981 por la entonces Junta Revolucionaria de Gobierno para enfrentar los embates de la guerra civl en el país.
El Cotrans y el FEFE no se cobrarán en la venta de cada galón de combustible durante los próximos tres meses, a partir de hoy.
Los diputados también votaron el decreto que elimina el arancel a la importación de una veintena de productos de la canasta básica, así como también a herbicidas, fertilizantes y alimentos para animales.
La normativa que tiene carácter especial, es decir, que prevalece sobre cualquier otra que la contraríe, estará vigente hasta el 31 de marzo de 2023, según establece el decreto aprobado.
La legislación que entra hoy en vigor favorece el ingreso a la plaza nacional de aceite, leche, arroz, frijol, harina, maíz, azúcar, chile, cebolla, plátano, papa, naranja, repolllo, tomate, manteca, margarina, insumos agrícolas y alimentos para consumo de animales.
La Asamblea Legislativa también avaló reformas a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial para que inspectores y gestores de tránsito sean los encargados de aplicar multas y se suspenda la concesión de líneas del transporte público de pasajeros por alterar tarifas. Este decreto es de orden público y prevalecerá sobre cualquier otro que lo contraríe.
Los legisladores también avalaron una ley transitoria para imponer multas y penas por infracciones que se cometan en la comercialización de productos derivados del petróleo. Las sanciones económicas van desde $500.00 hasta los $100,000.00 mientras que las penas de prisión van desde los seis meses hasta los 15 años. El decreto también es de orden público y prevalece sobre cualquier otro que lo contraríe.
El Ejecutivo, por otra parte, presentó ayer al parlamento un pliego de reformas a la ley de protección al consumidor las cuales serán conocidas hoy en la sesión semanal de trabajo de la comisión de economía.
Mario Salazar, viceministro de Economía, explicó, tras presentar la iniciativa, que las reformas buscan ampliar derechos, obligaciones a proveedores y el fortalecimiento de la protección de los derechos económicos de los consumidores.
Salazar también dijo que las enmiendas dotarán a la institución de nuevas herramientas de vigilancia de mercado; además de readecuarse a las disposiciones de la ley de procedimientos administrativos, así como ampliar el catálogo del marco de infracciones y definición de prescripción.
«Con este pliego de reformas pretendemos proteger los derechos de los consumidores», dijo el funcionario.
