Los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron ponerse de acuerdo para aprobar en 2020 la ley general de aguas, a pesar de las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia católica salvadoreña.
Lo que sí aprobó, el 15 de octubre de este año, la Asamblea Legislativa fue la reforma del artículo 2 de la Constitución de la República, para reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos. El dictamen favorable que dio vida a la enmienda lo aprobó la comisión de legislación.
La legislatura 2021-2024, que será electa el 28 de febrero del próximo año, tendrá en sus manos la decisión de ratificar o no esta reforma para que entre en vigencia y que el agua sea reconocida como un derecho de los salvadoreños.
La comisión de seguridad pública de la Asamblea planeaba aprobar la ley especial para la prevención, el control y la sanción del lavado de activos en el primer trimestre de este año; sin embargo, el trabajo se vio interrumpido por la pandemia de la COVID-19.
El proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa el 1.° de octubre de 2018 fue redactado con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés). En este se endurecen las sanciones, se crean nuevas figuras delictivas y se aumentan las penas carcelarias para los delitos ya existentes.
La comisión de seguridad tampoco logró avanzar este año en el estudio y la aprobación de la ley de reinserción y rehabilitación de pandillas. La discusión del tema se entrampó luego de que los diputados de ARENA y el FMLN no asistieron a las reuniones, que fueron suspendidas por la falta de cuórum.
La Asamblea Legislativa tampoco legisló para reducir del 1.9 % al 1.5 % la comisión que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cobran por los ahorros de los cotizantes. La propuesta tiene un año en estudio en la comisión «ad hoc» de la Asamblea.
El diputado y subjefe de la fracción de ARENA, Julio Fabián, reconoció que la Asamblea también está en «deuda» porque aún no supera el veto presidencial a ley de reconciliación nacional, que permitirá el acceso e las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño.
Tras la reactivación económica pospandemia, la comisión política de la Asamblea acordó el 4 de noviembre pasado que todos los partidos políticos definieran en la reunión de la siguiente semana si iban a superar el veto de la ley. Sin embargo, los diputados salieron de vacaciones el jueves y nunca volvieron a discutir el tema.
El 13 de julio de 2021, se cumplirán cinco años de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz de 1993, y ordenó que los diputados aprobaran una ley que garantizara los derechos de las víctimas del conflicto armado.
La comisión de legislación proyecta continuar el próximo año con el estudio de los 80 artículos restantes de la nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Como parte de esa discusión, el 21 de diciembre la comisión comenzó el análisis de cómo agilizar los procesos de adopciones.
Posteriormente, la comisión iniciará el estudio de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que pretende crear su propia policía en el interior de la institución.
El 26 de noviembre pasado y con dispensa de trámite, la Asamblea reactivó el impuesto de $0.10 centavos por galón de combustible, para financiar el subsidio del transporte colectivo.
El impuesto fue acordado sin condicionar a los transportistas a renovar la flota de unidades o mejorar el servicio al pasajero. El próximo año, los diputados decidirán si prorrogan que los buses con 20 años de servicio, conocidos como buses chatarra, circulen por dos años más.
La ley [de reconciliación nacional] es una ley que debimos haberla sacado, pero el Ejecutivo la vetó y no hemos hecho el esfuerzo [de superar el veto]. Es una deuda que tenemos con el país».
Julio Fabián/Subjefe de fracción de ARENA
Al Órgano Legislativo lo encontré confrontado con el Ejecutivo. Tuvimos que dejar esa práctica y buscar acercamientos para poder construir acuerdos. Hemos generado un ahorro que casi equivale a $1.4 millones».
Mario Ponce/Presidente de la Asamblea Legislativa
Una ley que ha quedado pendiente es bajar la comisión que cobran las AFP por el manejo de las cuentas de los trabajadores. ARENA, FMLN, PDC siguen estudiando la reforma».
Numan Salgado/Diputado de GANA