El Salvador se mantendrá por un mes más bajo el régimen de excepción, una figura establecida en la Constitución ampliamente apoyada por la población pues ha permitido la detención de más de 60 mil pandilleros a escala nacional y que el país tenga más de un centenar de días sin homicidios.
La Asamblea Legislativa aprobó extender por novena vez consecutiva la vigencia del régimen de excepción con 67 votos a favor, la cual fue aprobada por primera vez el 27 de marzo pasado luego que las pandillas desataran una ola de asesinatos en doce de los catorce departamentos del país.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, había presentado en la víspera al parlamento la moción del Consejo de Ministros donde se pedía la extensión del estado de excepción por treinta días más.
«En menos de nueve meses hemos recuperado por completo el control del territorio nacional. Vamos a entregar un país en paz, libertad y tranquilidad», dijo Villatoro, luego de entregar a Ernesto Castro, presidente del congreso, la nueva petición de prórroga.
El funcionario también llevó al parlamento para su estudio y posteriormente aprobación un pliego de reformas a la ley especial contra el delito de extorsión.
Villatoro adelantó que las enmiendas incorporan dos nuevos delitos, a saber: el encubrimiento de la extorsión y el financiamiento ilegal de organizaciones criminales, esta última para evitar que las empresas continúen pagando extorsión.
«Queremos garantizar que las grandes empresas no financien a estructuras criminales», dijo Villatoro al anunciar las reformas legales.
Castro, por su parte, dijo que esta iniciativa pasará a estudio de la comisión legislativa respectiva que llamará para ello a funcionarios, para luego dictaminar lo pertinente.
«Ya no se justicia la entrega de extorsiones por parte de personas naturales y jurídicas a los grupos terroristas. El control de la seguridad pública ahora lo tiene el Estado», dijo, por su parte, el titular de Defensa, René Merino Monroy.
Villatoro reveló que con esta reforma «se prohíbe y sanciona con penas de 5 a 8 años de prisión a aquellas empresas, directivos, representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador a pagar extorsión a ninguna estructura criminal».
El director de la Policía Nacional Civil (PNC) , Mauricio Arriaza Chicas, dijo que las actuaciones que se realizan en materia de seguridad pública están amparadas en la Constitución y el ordenamiento jurídico del país.
La vigencia del régimen de excepción ha permitido que El Salvador haya tenido los meses de julio, agosto y noviembre pasado así como el presente mes de diciembre con una drástica reducción de homicidios.
Christian Guevara, jefe de fracción Nievas Ideas, destaca que El Salvador ahora es el país más seguro de Centro América y está también entre los más seguros de América.
«Vamos a dar nuestros votos cada vez que lo requiera el Ejecutivo. (El régimen de excepción) ha sido una figura exitosa con cifras en materia de seguridad (pública)», valoró Guevara.
Las encuestas de opinión pública, nacionales e internacionales, destacan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la implementación del régimen de excepción pues aseguran que ha llevado tranquilidad a sus comunidades.
El gobierno del presidente Nayib Bukele también ha contado con el abrumador respaldo de la población en las tareas de seguridad pública que implementa desde el inicio de su mandato el uno de juniob del año 2019.
Bukele ha puesto en marcha el Plan Control Territorial (PCT) que ha permitido la recuperación de territorio en poder de pandillas y el combate frontal al crimen organizado y crimen común.
Los gobiernos areneros y efemelenistas no hicieron nada por enfrentar a las pandillas y por el contrario les ofrecieron prebendas de continuar en el poder, hicieron un pacto de tregua y también les otorgaron beneficios penitenciarios.
