Muchas personas madrugaron para estar entre los primeros lugares y recibir la «dosis de la esperanza».
«No tuve tiempo por el trabajo para vacunarme, ahora como van a pedir desde el 1 de enero el carné de vacuna, vine a vacunarme», dijo a Xinhua Naira, una mujer de 28 años que esperaba su turno en las instalaciones de Salud Pública en el centro de la ciudad de La Paz.
Por su parte, Ramón de 54 años dijo que sufre presión alta y poliglobulia (exceso de glóbulos rojos), razón por la cual no se acercó a los puestos de inoculación y que ahora lo hacía para que le confirmen que no tendrá complicaciones y recibir la dosis.
Otra persona de nombre Jamián, entrevistada por un canal de televisión, dijo que es una persona antivacuna, pero que lo hace porque en su trabajo le exigen el carné.
El Gobierno de Bolivia aprobó el 23 de diciembre un decreto supremo que determina la exigencia obligatoria en las entidades y establecimientos públicos y privados del carné de vacuna contra la COVID-19 a partir del 1 de enero de 2022.
En tanto, las personas que no quieran vacunarse deberán presentar una prueba negativa PCR de las últimas 48 horas para poder ingresar a cualquier establecimiento o entidad pública administrada por privados o estatales.
La medida está orientada para las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados, supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general.
El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, saludó este martes en rueda de prensa que la población boliviana acuda masivamente a los centros de vacunación en todo el país.
«La mayoría de la población está viendo como positiva la determinación que hemos asumido, y sabemos que van a haber discrepancias, sin embargo, estamos respetando el derecho de aquellas personas que deciden no vacunarse, y de la misma forma estamos protegiendo el derecho de la colectividad; estamos seguros de que nadie quiere pensar nuevamente en restricciones como la cuarentena, hemos socializado este decreto», afirmó.
El ministro de Salud destacó el trabajo que realizan los vacunadores, quienes cumplen su labor sin tomar en cuenta fines de semana feriados, y reiteró que la vacuna es segura y que la medida obedece a la política del Gobierno del presidente Luis Arce Catacora de proteger la salud y la vida de la población.
«Las estadísticas están mostrando que todos aquellos que no se han vacunado tienen mayor riesgo de terminar en una terapia intensiva o fallecer», apuntó.
Bolivia mantiene una curva en ascenso constante de casos de la COVID-19, que alcanzó hasta el lunes 27 de diciembre en toda la pandemia 580.690 contagios y 19.576 muertos, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
Hasta la fecha, más de 9,55 millones de personas de cinco años en adelante se inmunizaron contra la COVID-19, entre la primera, la segunda, la tercera dosis y la unidosis.