El nombramiento de los magistrados de la Sala Constitucional, por parte de la nueva Asamblea Legislativa, fue validado este sábado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados, electos por asambleas pasadas, definieron que los actuales diputados actuaron conforme a sus facultades constitucionales, por lo que declararon improponible la demanda presentada por un abogado particular en contra del Pleno Legislativo por el nombramiento de los funcionarios el pasado 1 de mayo.
De acuerdo a la resolución, la demanda fue rechazada debido a que la Asamblea en ningún momento pretendió incurrir en el control de la legalidad administrativa, ni en una decisión gestada en la aplicación de la función administrativa.
«La Sala de lo Contencioso de la CSJ declaró improponible la demanda contra la Asamblea Legislativa, por la elección de los nuevos magistrados de la Sala de los Constitucional, por considerar que es una facultad legislativa y que no está sujeta al control administrativo», expresó el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter.
De acuerdo al mandatario «sólo les interesaba tener a la anterior Sala porque estaba al servicio de sus intereses».
«Los mismos de siempre y sus ONG de fachada, los que dicen defender la ‘institucionalidad’ y el ‘estado de derecho’ … ¿Ya dijeron algo de esta resolución de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema? ¿Ven todos como no era eso lo que defendían? », escribió el presidente.
Con la declaratoria, el nombramiento de los abogados Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahum Martínez García y José Ángel Pérez Chacón, como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedó en firme.
Proceso
Cabe destacar que, según la resolución con fecha 4 de mayo, Anaya Barraza en su calidad personal, presentó una demanda contra el pleno de la Asamblea Legislativa solicitando la impugnación del nombramiento de fecha 1 de mayo de 2021, cuando los diputados de la nueva Asamblea eligieron a los abogados Suárez Magaña, Martínez García y Pérez Chacón.
Según el abogado demandante, los abogados mencionados no fueron electos en el proceso electoral que conduce la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) para la formulación de la mitad de la lista de candidatos, tampoco fueron seleccionados en el proceso que dirige el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
El abogado Anaya Barraza argumentó que la Asamblea quería tomar el control de la legalidad administrativa y que era una decisión gestada en una aplicación de la función administrativa y del estatuto del derecho administrativo.
