Por muchos años, los empresarios del sector de transporte colectivo utilizaron el paro de actividades como instrumento de amenaza y cohesión contra el Gobierno de turno, a modo de presionarlo y exigir determinados beneficios.
Actualmente, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha reiterado que solo se sentará a negociar con aquellos empresarios que deseen cumplir la ley y trabajar respetando y ofreciendo un servicio digno a la población.
Salvador Chacón y Saúl Mancía, diputados de Nuevas Ideas y miembros de la comisión de obras públicas y transporte de la Asamblea Legislativa, coinciden en que la época de ceder a chantajes terminó.
Ambos legisladores expresaron que fue precisamente esa comisión la que por muchos años sirvió como una especie de intermediario para que los transportistas consiguieran beneficios.
«Por muchos años, la comisión estuvo secuestrada por diputados de ARENA que tenían sus propios intereses en el transporte colectivo y se encargaban de negociar», señaló Chacón en el espacio de la Entrevista A:M.
Por su parte, Mancía mencionó: «No podemos poner en riesgo a la población con unidades en malas condiciones. Hay que tener claro algo: el Estado concesiona las rutas bajo los términos y condiciones. Los empresarios no son los dueños del transporte».
Para los diputados, el Gobierno es el que concesiona bajo términos legales los permisos de líneas y rutas, y por lo tanto es el que decide las reglas; no al contrario, con empresarios queriendo imponer sus directrices.
Actualmente, el Ejecutivo opera las rutas 42 y 152, ya que fueron retiradas al empresario Catalino Miranda por incrementos a las tarifas sin autorización.
Para el funcionamiento de los recorridos, se han usado los microbuses ya existentes, más unidades de diferentes instituciones públicas y de la alcaldía de San Salvador.
Además, se aprobó que los gestores de tráfico impongan multas a los conductores que violentan las leyes de tránsito, como parte del paquete de medidas económicas que se aprobaron en la Asamblea Legislativa con el fin de paliar el impacto de la crisis mundial por el conflicto entre Rusia, Ucrania y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En la comisión de obras públicas actualmente se analiza una nueva ley de transporte, que garantizará un servicio digno, óptimo y moderno para la población salvadoreña.
