Por años, la suspensión del servicio de transporte colectivo fue utilizada como una medida de presión acordada por algunas gremiales de este sector para chantajear a los gobiernos de los partidos ARENA y FMLN ante la negativa de retomar temas de su interés como aumento a la tarifa del pasaje, continuidad de las unidades que superan los 20 años vida útil y hasta la condonación de la deuda por el pago de esquelas.
Este impase siempre provocó que, en la mayoría de los casos, los más perjudicados fueran los miles de usuarios que a diario hacen uso de buses y microbuses de las diferentes rutas, tal como sucedió en enero de 2013 -en gobierno de Mauricio Funes- cuando la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) y otras respaldadas por Asociación de Transporte Público de Pasajeros (ATP) ordenaron suspender el servicio por varios días.
La mayoría de las rutas que circulaban por el Área Metropolitana de San Salvador dejaron de hacerlo, y las pocas que brindaron el servicio lo suspendieron por ataques violentos de algunos motoristas que apoyaron esta medida.
Miles de ciudadanos tuvieron que movilizarse a sus trabajos, hogares y centros de estudios en pick up y camiones pagando el doble y hasta el triple de la tarifa acostumbrada en las unidades de $0.20. Las gremiales exigían un aumento de $0.10 a la tarifa establecida en el área urbana, mientras que hasta un 50 % para las rutas interdepartamentales.
Previo a estos hechos, en octubre de 2010, AEAS amenazó con suspender el servicio por cuatro horas si el gobierno de Funes no daba una respuesta favorable por el alto costo del diésel. En ese contexto, la gremial también consideró favorable aumentar la tarifa del pasaje a $0.50, incluso, se habló que hasta renunciarían a la compensación de $500 por autobús y $250 para los microbuses que el gobierno les otorga como subsidio mensual, totalizando para ese momento cerca de $46 millones al año.
En agosto de 2000, durante el gobierno de Francisco Flores, también hubo presiones y afectaciones de los transportistas por la suspensión del servicio a la población.
Más del 50 % del total de unidades de las diferentes rutas fueron estacionadas a la entrada de la capital, obstaculizando el flujo vehicular en el Centro Histórico de San Salvador y en el bulevar del Ejército.
También solía ocurrir que representantes de este sector acudían desesperadamente a la Asamblea Legislativa en busca de la ayuda de diputados -que también eran empresarios del transporte colectivo- para que los favorecieran con la aprobación de reformas a la normativa de Tránsito o decretos legislativos transitorios que cada año eran prolongados.
En junio de 2021, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que de 1996 hasta 2003 los anteriores diputados condonaron a los transportistas una deuda de $28 millones en pago de esquelas.
En un claro conflicto de intereses, el exdiputado Jaime Orlando Sandoval Leiva, por el FMLN en la legislatura 2018-2021, fue criticado por votar a favor de al menos 13 iniciativas de ley relacionadas con el transporte colectivo, esto, a pesar de tener familiares que eran concesionarios y recibían el subsidio mensual del Estado.
Por su parte, el exdiputado del PCN, Elizardo González Lovo, fue señalado de sostener reuniones con diputados de otros partidos políticos para buscar apoyo y lograr la aprobación de leyes que beneficiaran a los transportistas.
