Los cambios estructurales implementados por la administración del presidente Nayib Bukele han permitido no solo que El Salvador sea el país más seguro del hemisferio occidental, sino también cerrar la brecha de la impunidad que por tres décadas —durante los gobiernos de ARENA y el FMLN— favoreció a las estructuras criminales y a los funcionarios corruptos.
Recientemente, el presidente Bukele reafirmó que ahora «en El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito», y resaltó que «la efectividad de nuestra Policía es del 99 %» para lograr la captura de los delincuentes.
«Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», escribió el mandatario el 31 de agosto pasado en la red social X.
La publicación del gobernante fue en reacción a la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez, detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) minutos después de que hurtó el celular de una adulta mayor en el reparto Maquilishuat, en el distrito de Tonacatepeque, municipio de San Salvador Este.
Ante esta nueva realidad en seguridad que vive El Salvador, el abogado Juan Contreras explicó que el Plan Control Territorial (PCT), el régimen de excepción, reformas de leyes como el Código Penal, el fortalecimiento de la PNC y de la Fiscalía General de la República (FGR) constituyen los pilares de una nueva etapa de seguridad y justicia que ponen fin a décadas de impunidad.
«El cambio en la legislación secundaria, en normas procesales, procesal penal, adecuación de tipos penales en el Código Penal, todos esos cambios que la Asamblea Legislativa ha acompañado han permitido que las autoridades combatan mejor la delincuencia», explicó el abogado.
La fase III del PCT, conocida como Modernización, que inició el 30 de julio de 2019, permitió dotar de uniforme, equipo y armas a los agentes de la PNC para combatir a las pandillas a escala nacional.
«Los policías y los militares andaban con sus botas rotas, sus uniformes viejos, con armas que se encasquetaban, que no podían disparar, no tenían potencia de fuego; los pandilleros tenían mejores armas que la policía. Y ahora tenemos una policía bien equipada, con equipo de primera generación, con drones, con vehículos de primer nivel. Hay un fortalecimiento institucional también en el trabajo de la policía», razonó el abogado.
Luego, en julio de 2023 —un año y cuatro meses después de la implementación del régimen de excepción, y a propuesta del Gabinete de Seguridad—, la Asamblea Legislativa aumentó de 45 a 60 los años de prisión contra los cabecillas de pandillas.
Esa misma pena fue impuesta contra los financistas de los grupos delincuenciales. Además del fortalecimiento de la normativa contra las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó en febrero pasado —a iniciativa del Ejecutivo — la Ley Anticorrupción, cuya vigencia inició el 11 de agosto anterior, según reportó la prensa nacional e internacional.
Este cuerpo de ley creó el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, conformado por 12 instituciones, como la FGR, la PNC, la Corte de Cuentas de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero para combatir la corrupción en la esfera de la función pública.
La nueva normativa —respaldada por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, PCN y PDC— fortalecerá el combate de la corrupción, aunque este flagelo ya estaba en la agenda de trabajo del Gobierno del presidente Bukele.
En octubre de 2023 fue capturado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal (banco estatal) por los delitos de soborno y actos arbitrarios. Y en abril de 2024 fue capturado Cristian Flores, comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, también por soborno.
«Todos esos cambios estructurales han permitido que tengamos estos resultados [en seguridad y en el combate de la impunidad]. No hay otro liderazgo como el del presidente Bukele. El presidente ha logrado posicionar a El Salvador como un referente, particularmente en el tema de la seguridad», añadió Contreras.
Para el docente y analista Rafael Góchez, el Ejecutivo impulsa un nuevo paradigma en cuanto al combate de la criminalidad en los territorios, la persecución y represión del delito en todas las esferas de la realidad nacional, a diferencia de lo obrado por el bipartidismo representado por ARENA y FMLN.
«Las políticas de persecución al crimen en El Salvador se han endurecido como una reacción de sentido común ante la desprotección progresiva que sufrió la población durante casi tres décadas frente a estructuras criminales empoderadas», planteó el académico.
