El candidato opositor Edmundo González Urrutia dijo este miércoles que no asistirá a una convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que abrió un proceso a pedido del presidente Nicolás Maduro para «certificar» su cuestionada victoria en las elecciones del 28 de julio.
«El ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha interpuesto un supuesto recurso ante la Sala Electoral, ha dicho públicamente (…) que si no comparezco incurriré en responsabilidades legales, y que, si comparezco y consigno copias de las actas de escrutinio, también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es ese un procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy condenado por anticipado?», señaló en un comunicado González Urrutia, que denuncia fraude.
«Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio», subrayó el opositor de 74 años.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó el 2 de agosto la victoria de Maduro con el 52% de los votos, sin hacer públicas las actas de escrutinio, alegando haber sido víctima de un jaqueo informático.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo el lunes que entregó las actas a la máxima corte.
Son estas actas -con el recuento centro por centro- las que exigen la oposición y parte de la comunidad internacional. Según la oposición, que publicó las actas obtenidas gracias a sus observadores, González Urrutia ganó la votación con el 67% de los votos.
Tanto la oposición como la mayoría de los observadores consideran que tanto el CNE como el TSJ sirven al gobierno.
González Urrutia, señaló que el TSJ, acusado por la oposición de favorecer con sus decisiones al gobierno, «no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral y «certificar» unos resultados que aún no han sido producidos».
Esta es la segunda citación del TSJ al opositor, que sustituyó a la carismática dirigente María Corina Machado, impedida de postularse en las presidenciales debido a una inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista.
Los disturbios que siguieron a la proclamación de la victoria de Maduro han dejado 24 muertos desde el 28 de julio, según un informe actualizado publicado el martes por organizaciones de derechos humanos, incluida la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Maduro por su parte, se refiere a los manifestantes como «terroristas» y dijo que suman más de 2.000 detenidos que serán trasladados a dos cárceles de máxima seguridad.
