El Gobierno de Mauricio Funes, el primero del FMLN, pactó la ominosa tregua con las pandillas para reducir los homicidios, pagando una extorsión a cambio del apoyo de los criminales.
Lo que ayer quedó claro en la comisión especial que analiza la petición de antejuicio contra Norman Quijano por haber negociado con las pandillas cuando fue candidato presidencial de ARENA es que este partido no estaba satisfecho con que los delincuentes solo apoyaran al FMLN, por lo que buscó su propio trato.
Paolo Lüers, un exmiembro de la organización guerrillera ERP reconvertido a la derecha recalcitrante como columnista de «El Diario de Hoy», donde incluso integra el consejo editorial, negoció a nombre de ARENA con los pandilleros. De acuerdo con la acusación fiscal, Lüers entregó al menos $100,000 a las organizaciones terroristas para que redujeran los homicidios. Lo hizo cuando David Munguía era el ministro de Seguridad Pública, en los gobiernos del FMLN, pero siguió la práctica a nombre de ARENA.
Fue en esos oscuros años que comenzaron los crímenes de los desaparecidos, víctimas de las pandillas cuyos cuerpos eran enterrados en cementerios clandestinos para no afectar los números bajos de homicidios pactados con los políticos corruptos.
En ningún momento de la historia pactar con criminales ha sido una buena idea. No es ético negociar vidas humanas a cambio de respaldo político y tampoco es sostenible en el tiempo, porque los delincuentes siempre buscan su beneficio ilícito.
El pueblo salvadoreño está consciente de estos retorcidos planes y por eso les dio la espalda a los partidos tradicionales ARENA y FMLN, porque siempre contemplaron en sus planes mantener los negocios con las organizaciones criminales.
Gracias a que los dos partidos controlaban el Poder Judicial y la Fiscalía, no hubo una verdadera persecución y los responsables de la mal llamada tregua de pandillas —que no fue más que un negocio entre criminales— están en libertad, salvo el exdirigente arenero Ernesto Muyshondt, que guarda prisión.
Los tiempos de la impunidad pararon cuando ARENA y el FMLN perdieron en las urnas. Ha sido por la voluntad popular que su peso e influencia han quedado marginados y que ahora los responsables de los asesinatos de miles de salvadoreños a nombre de beneficios electorales enfrenten la justicia y reciban un castigo conforme a las leyes nacionales.
El Tribunal Supremo Electoral debe tomar cartas en el asunto y analizar detenidamente la legalidad de partidos políticos que se saltaron el marco legal para entenderse con delincuentes y homicidas.
