El empresario de transporte, Catalino Miranda, seguirá en prisión por el delito de desórdenes públicos, según la resolución emitida por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. Además, a final de este viernes la Policía Nacional Civil le notificó de un nuevo delito.
« Esta tarde notificamos a Catalino Miranda que deberá responder ante la justicia, por el delito de venta a precio superior, según el artículo 234 del Código Penal. Este es un proceso vinculado al incremento ilegal del pasaje», detalló la Policía.
Respecto a la acusación, la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado que al finalizar la diligencia el transportista quedara en detención provisional por lo que la jueza accedió a mandarlo a la cárcel por desórdenes públicos, por resistencia solo pasa a la segunda fase del proceso.
«Los elementos que el ministerio público fiscal ha recolectado son elementos que corroboran la participación directa del imputado» dijo el fiscal del caso.
Este viernes también enfrentaron la audiencia inicial los tres motoristas. A Jermel Ernilzon Castro Sorto, acusado por posesión y tenencia ilícita de placas de circulación, la jueza ordenó que siga en detención ya que la pena del delito es de 1 a 4 años.
Mientras que Rommel Iván Aquino Barrera y José Félix Hernández Castillo, procesados por venta a precio superior, se les aplicó la suspensión condicional del procedimiento y normas de conducta consistentes en no cambiar de domicilio y conservar un empleo durante año y medio.
En la acusación el ministerio público dice que dos de los conductores estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pero el Viceministerio de Transporte (VMT) les ha avalado $0.20.
La Policía Nacional Civil (PNC) constató ese incremento con la información que proporcionaron los pasajeros, mientras que en otras unidades habían pegado rótulos informado del pliego tarifario diferente al autorizado.
Miranda fue detenido el pasado sábado por la PNC cuando se realizaba proceso de verificación en las rutas de transporte público para que cumplan con el cobro del pasaje a los usuarios de acuerdo con las tarifas autorizadas por el VMT.
Catalino Miranda, quien tiene 215 microbuses y 78 autobuses que totalizan 293 unidades de las rutas 42 y 293 le reprochan haber incrementado ilegalmente el pasaje, lo que originó la suspensión de las líneas.
Se ha señalado que el empresario del transporte público además de violar la ley, incumplió la novena cláusula del contrato de concesión de línea de transporte público. Por esa infracción de ley le retiraron las placas a sus unidades.
Según la Fiscalía, hay abundante prueba concluyente sobre los diversos hechos. Se ha ofrecido entrevista de pasajeros, fotografías de los microbuses con los rótulos de tarifas incrementadas, declaración de policías y gestores de tránsito sobre los procedimientos realizados.
También hay videos donde se observa a Miranda provocando desórdenes y declaración de agentes policiales quienes hacen constar que el empresario intentó arrebatarles las placas que habían quitado a los microbuses, esos videos han sido valorados por la jueza, según el representante del ministerio público.
