El fin de semana, leí, en el ultraderechista «El Diario de Hoy», una nota en la que se nos señaló al presidente de la república, Nayib Bukele; al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker; y a mí, en mi calidad de secretario de Prensa de la Presidencia, de supuestamente «violar la libertad de prensa y la libertad de expresión». Todo a propósito de las conclusiones de la comisión de la Asamblea Legislativa que «investiga» el supuesto acoso a medios y periodistas.
Sobre este particular, quiero referirme a un hecho político en el que están relacionados en matrimonio insano algunos periodistas autodenominados incómodos y los diputados de la Asamblea Legislativa. Quizás estos comunicadores no lo sepan, pero su presencia en el recinto legislativo es un hecho político que denota mucho y que los pone como músicos de comparsa en esa comedia teatral y malsonante de los diputados.
No está de más expresar, una vez más, un rechazo enérgico y contundente a la etiqueta que ese minúsculo grupo de algunos tuiteros periodistas y otros oportunistas ha querido atribuirnos. Este Gobierno ha ofrecido más conferencias de prensa que ningún otro en un período similar; ha abierto espacios; ha generado más comunicación directa con los ciudadanos y pluralizado el espectro periodístico.
Está claro que la mayoría de informadores de medios de comunicación no está de acuerdo con lo que señalan los «incómodos». Estos últimos han querido, por intereses particulares, erigirse como portadores del idealismo total mediático, pero no representan a la totalidad del gremio. Sépanlo.
En Casa Presidencial, los periodistas de todos los medios, incluidos los «incómodos», han preguntado, repreguntado y participado hasta la saciedad. Han hecho uso pleno de su libertad de prensa y de expresión. De ahí, han surgido infinidad de notas y tuits que han dado paso al debate sobre hechos de la vida cotidiana y sobre aspectos que contribuyen a la reflexión. En sus cuentas de Twitter, algunos –sí, algunos– periodistas se han burlado de funcionarios, del Gobierno, han faltado, en algunos casos, a la ética, al señalar sus juicios y prejuicios sin constatar ni verificar. Y nadie ha emprendido ninguna acción, fuera del marco legal, contra ellos por estas acciones. Eso es el internet. Eso es el mundo de la opinión. Esas son las redes sociales.
¿Entonces, qué ha cambiado? ¿Qué les molesta? Es simple de ver, pero por alguna razón la discusión se ha estancado en victimismo. Se trata de lo siguiente: el presidente y los funcionarios tienen también derecho a opinar, a señalar, a criticar, a hacerlo con sus palabras, a valorar lo que consideran periodístico o no. Ese ejercicio ciudadano también es libertad de expresión, y debería enriquecer el debate. Pero parece que molesta a algunos, como si estuvieran siendo atacados en lo que más les duele, que es esa forma de entender las libertades muy a conveniencia propia.
La verdad ya no está monopolizada por los medios privados. El enfoque ya no tiene por qué ser único desde la visión de los medios tradicionales. Se ha abierto el espectro, y se ha abierto para siempre. Es algo que está pasando aquí y en otras partes del mundo. Por alguna razón, empero, quienes apelan a los golpes de pecho a favor del derecho a la información, opinión y prensa y a favor de la búsqueda de «la verdad», se han puesto nerviosos. El piso se les mueve y cometen errores. El más notorio de esos errores es caer en el vacío cómplice de la comisión legislativa que indaga el supuesto «acoso» a periodistas.
Las páginas de la historia reciente son testigas de cómo algunos diputados que hoy dicen defender la libertad de expresión y la libertad de prensa han cometido abusos, incluso físicos, contra periodistas y trabajadores de la información (camarógrafos, fotógrafos, etcétera). Y hablo incluso del presidente de esa comisión investigadora de acoso, quien cuando ejerció como «periodista» se vio envuelto en un altercado de amenazas contra un colega, Edwin Góngora.
Pese a ello, ahora, en uno de sus siempre fallidos intentos de descrédito al Gobierno, los diputados emprenden la aventura de querer señalar a este gobierno, en una acción política burda, como acosador de periodistas. Al margen de la etiqueta, que se cae por el simple hecho de que se trata de meros señalamientos vacíos sobre opiniones que los funcionarios damos en redes, sin desprestigiar ni difamar ni irrespetar a nadie, resulta notorio el doble rasero con el que se miden las cosas: ¿un periodista «incómodo» sí puede burlarse, reír, ironizar y hasta atacar funcionarios, como bien se aprecia a diario en redes, pero un funcionario debe permanecer callado y abstraído de expresarse en contra del sesgo, el desequilibrio, la difamación, la calumnia y el mal trabajo periodístico en general, cuando así lo considere su análisis de una nota? ¿Acaso un funcionario ha perdido sus derechos civiles y no puede hacer uso de la libertad de expresión?
En definitiva, creo que esos periodistas que se han prestado a este show de la Asamblea han cometido un error y han caído en el jueguito de los legisladores, desesperados estos últimos y ansiosos por intereses electorales. Los trabajadores de la información en general y los periodistas en particular tienen derecho a expresar sus opiniones, sus desacuerdos con la forma de comunicar de este gobierno. Nadie les impide ni les limita su expresión. Pero no deben olvidar ahora mismo dos cosas: 1. que también los funcionarios tienen derecho a opinar y 2. que está más que claro que han caído en la trampa de los diputados y terminaron prestándose a un hecho político electoral.
