La Comisión Ad Hoc que analiza y estudia las propuestas para una reforma a la Constitución de la República buscará priorizar la distribución equitativa de la riqueza en El Salvador y garantizar una libertad económica que no trabaje en función de la propiedad privada, sino que proteja el interés social y el desarrollo económico de todos los sectores sociales en el país.
En la sesión realizada este sábado, la comisión estudió las propuestas orientadas a la igualdad y equidad económica y a la justicia social, señalando que procurará el desarrollo económico y social sostenible de todos los sectores de la sociedad, para garantizar una digna calidad de vida para todos los salvadoreños.
La actual Constitución, elaborada dentro del marco de la guerra civil, prioriza la propiedad privada y el incremento de la riqueza, tal y como se establece en el artículo 102, el cual señala que «el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de esta al mayor número de habitantes del país».
La Comisión Ad Hoc propondrá una garantía de libertad económica que no afecte el interés social y que no pueda usarse para proteger únicamente los intereses del sector privado, dando condiciones ideales de desarrollo económico y humano a toda la población en general y distribuyendo equitativamente la riqueza nacional.
El estudio para las reformas constitucionales sobre el orden económico continuará con base a 72 propuestas de reformas enviadas por salvadoreños residentes en 25 países, quienes usaron la plataforma web o formatos en físico para hacer llegar sus iniciativas o propuestas.
Otra propuesta fundamental es la relacionada a la Contraloría Pública y Social, en la que se propone que ya no sea una función exclusiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR), sino que incluya a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Defensoría del Consumidor.
Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos y el patrimonio del Estado, protegiendo los derechos fundamentales de las personas, promoviendo el desempeño ético en la Función Pública y detectando las prácticas antiéticas y corruptas, garantizando también el derecho de acceso de toda persona a la información pública.
Para esto, la Comisión Ad Hoc propondrá que dichas instituciones gocen de autonomía administrativa y económica y que sean integradas por personas que no respondan a cuotas partidarias, sino que sean elegidas mediante un procedimiento de elección de segundo grado, que se basará en una lista de candidatos, que saldrán de los colegios de profesionales.
La Comisión Ad Hoc, coordinada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, e integrada por Mauricio Rodríguez Flores, Karennie Rivas de Posada, Marlon Harold Cornejo y Adolfo Muñoz, continuará con el estudio para presentar la propuesta de reforma constitucional el próximo 15 de septiembre.
