Con el propósito de que el Estado salvadoreño cuente con un marco normativo para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública y generar las condiciones para que pueda tener un control más efectivo de las operaciones financieras y los activos digitales, la comisión política de la Asamblea Legislativa dictaminó ayer a favor de la creación de la Ley Anticorrupción, propuesta por el presidente de la república, Nayib Bukele.
Durante la discusión de la iniciativa, el presidente del congreso, Ernesto Castro, explicó que dicha normativa surge debido a que la corrupción afecta la estabilidad y seguridad de todas las sociedades al comprometer el desarrollo sostenible y el «imperio de la ley».
En la iniciativa presidencial se propone que todos los empleados públicos, además de presentar la declaración de la renta anual, deberán entregar una declaración jurada que se denominará «Informe de activos y pasivos», la cual se mantendrá actualizada y de forma permanente en el portal del Ministerio de Hacienda.
«Con la entrada en vigor de esta ley, todo ciudadano podrá activar el sistema de investigación para prevenir y sancionar conductas tendenciosas a las prácticas de corrupción, tanto en el sector público como particulares intervinientes en la gestión pública», detalló Castro.
Para lograr esto se creará el Sistema Nacional Integrado, denominado Sinac, que estará integrado por representantes de 12 instituciones públicas.
Además, habrá un ente rector adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) que se denominará Centro Nacional Anticorrupción, que ejecutará las acciones de inteligencia.
Rodolfo Delgado, fiscal general de la república, participó en la discusión de la iniciativa, señalando que este es «un paso lógico en el desarrollo de toda una política anticorrupción que se viene implementando desde 2019», y agregó que complementará tratados internacionales de prevención.
