La comisión política de la Asamblea Legislativa tendrá entre sus tareas para los próximos meses iniciar con el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, y es por esa razón que el tema ya se mencionó durante la primera sesión realizada por dicha mesa de trabajo.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y de la comisión política, manifestó que el proceso de elección de funcionarios de segundo grado seguirá el mismo mecanismo realizado en la legislatura anterior.
«Vamos a llamar siempre a cada uno de los candidatos para que vengan a presentarse, no solo ante nosotros, sino ante el pueblo salvadoreño. Seremos nosotros los encargados de entrevistarlos, y al final lo que determinamos es simplemente un dictamen con quienes creemos que son los más aptos para estos puestos; serán los 60 diputados del pleno legislativo los que tomen la decisión», explicó Castro, en alusión a los procesos que legislaturas con mayoría de diputados de los partidos tradicionales realizaron para dichos nombramientos.
Al respecto, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que «la primera vez que nos tocó elegir un cargo de segundo grado nos llegó un cuestionario de FUSADES (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social), diciéndonos qué preguntas les deberíamos hacer (a los candidatos). No me acuerdo de que, FUSADES fuera a alguna elección y que los salvadoreños le hubieran dado ese poder a ellos, o que en la Constitución o en alguna ley detalle eso».
La elección de cargos de segundo grado más cercana es la de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe realizarse a más tardar en el mes de julio.
Según el Código Electoral, el organismo colegiado está conformado por cinco magistrados propietarios y cinco suplentes que son escogidos por la Asamblea Legislativa para un período de cinco años; el actual finaliza en julio de 2024.
También se realizará, a más tardar en septiembre, el nombramiento de siete magistrados de los 15 que integran la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia; cinco para un periodo de nueve años y dos para cubrir vacantes por defunción y renuncia.
Para enero de 2025 deberá ser nombrado el fiscal general de la república, cargo que actualmente es ocupado por Rodolfo Delgado. Será escogido por mayoría calificada de los dos tercios de los diputados, para un período de tres años.
Además, la comisión deberá iniciar el proceso para nombrar al nuevo procurador general, cuyo periodo actual vencerá en mayo de 2025.
«El trabajo de esta comisión tiene mucho compromiso, porque cada una de las elecciones es de funcionarios que también toman decisiones que afectan, esperamos que de forma positiva. Asumimos nuevamente ser los garantes del debido proceso, cumpliendo los principios de legalidad máxima, de publicidad y de transparencia», afirmó Castro.
