La guerra contra las maras, que inició el presidente Nayib Bukele al asumir como jefe del Ejecutivo, comenzó a dar resultados una vez que se ejecutó a plenitud el Plan Control Territorial, que encontró en el régimen de excepción una de sus mejores herramientas para pacificar al país.
Gracias también a la depuración del Órgano Judicial, la renovación del ministerio público y otras reformas legales aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa, El Salvador pudo enfrentar de manera integral el fenómeno de las pandillas.
Otros países han intentado replicar el éxito del presidente Bukele para combatir el crimen, pero no se trata de adoptar una o dos medidas, sino de ver el modelo como un todo integrado, que requiere múltiples condiciones para obtener los excelentes resultados que ha dado en El Salvador.
No basta, por ejemplo, tener únicamente la voluntad de cambiar. Hay que tener el respaldo político suficiente para aprobar las medidas necesarias. El presidente Bukele tiene un amplio respaldo popular, expresado en las urnas para elegirlo para un segundo mandato con casi el 85 % de los votos. Gracias a ello, la bancada legislativa de Nuevas Ideas cosechó también un respaldo inmenso para poder contribuir de manera directa con el programa de Gobierno.
Ese respaldo popular permitió la depuración de malos jueces, de funcionarios enquistados en el Órgano Judicial únicamente para cumplir con las órdenes de los políticos que los habían puesto en ese lugar. Y estamos hablando no solamente de los tribunales, donde los jueces fallaban a favor de los delincuentes, sino también de los altos cargos, aquellos que desde lo más alto de la Corte Suprema de Justicia habían implementado una dictadura judicial, impidiendo que el gobernante legítimamente electo por el pueblo pudiera ejecutar sus planes.
Una vez que empezaron las capturas de los millares de pandilleros que habían tomado el control de la sociedad, los tribunales comprometidos con el pueblo los mantuvieron en prisión. Eso permitió conquistar la paz en las calles.
Sin pandilleros asesinando, extorsionando, robando y violentando a las personas, El Salvador empezó a renacer.
Las autoridades de Seguridad Pública (policías y militares) mantienen patrullajes y controles permanentes para detener a los responsables de los delitos que se siguen cometiendo. Ya dejamos de ser el país con más homicidios, pero todavía suceden esos delitos. La diferencia ahora es que no hay impunidad y los criminales son detenidos y enviados a prisión.
Hay un compromiso permanente del Estado para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Y eso hace la diferencia.
