La fracción legislativa de Nuevas Ideas rechaza la tesis de que el baremo es el método ideal para evaluar a los aspirantes a funcionarios de segundo grado.
Además, considera que este instrumento, utilizado en las legislaturas anteriores, no favoreció la elección de los perfiles más idóneos ni impidió el reparto de los funcionarios entre los partidos políticos.
Se conoce como baremo al conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo, y en El Salvador este término se popularizó desde 2018, en el proceso de elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Christian Guevara, jefe de la fracción cian, recordó que la legislatura 2018-2021 usó el baremo para elegir al fiscal general anterior; sin embargo, al final predominó un «canje» que consistió en que ARENA le dio los votos al FMLN para aprobarle el presupuesto general del Estado de 2019 y los efemelenistas votarían para elegir en el cargo a Raúl Melara, un financista del tricolor y asesor de la campaña presidencial de Carlos Calleja.
La crítica de Guevara sobre usar el baremo ocurre en el contexto en el que la comisión política de la Asamblea ha iniciado el proceso de elección del fiscal general, y organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y Acción Ciudadana han retomado el discurso para que se utilice.
La polémica sobre usar o no el baremo no es nueva, en los anteriores procesos de elección se evidenció que este mecanismo de evaluación no logró la elección de funcionarios independientes y sin vínculos con los institutos políticos.
Por ejemplo, a inicios de 2019, organizaciones de la sociedad civil presionaron a los diputados para que seleccionaran —con un baremo— al procurador general.
El 2 de mayo de ese año los diputados —sin el baremo ni la deliberación pública— nombraron en el cargo a Miriam Aldana, quien concluye sus funciones en mayo del próximo año. En 2019, también se inició el proceso para la elección del procurador de Derechos Humanos, y las organizaciones pidieron, nuevamente, un proceso basado en un baremo y sin repartos partidarios.
Sin embargo, el 16 de octubre de ese año y sin deliberación pública, los partidos ARENA, FMLN, PDC y PCN sumaron sus votos para elegir en el cargo a José Apolonio Tobar Serrano, quien fue financista del partido FMLN.
GANA no votó a favor de esa elección y denunció un reparto partidario de instituciones, que consistió en que ARENA se quedó con el control de la Procuraduría General de la República (PGR) y el FMLN con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
La legislatura 2018-2021 eligió además a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las organizaciones no presionaron para que se utilizara un baremo, pero pidieron la elección de funcionarios sin vínculos partidarios.
Aunque los diputados eligieron —como uno de los cinco magistrados— a Guillermo Wellman, un exasesor y exdiputado del partido ARENA.
También reeligieron a Julio Olivo, cercano al FMLN. En julio de 2020, el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República pidió que los diputados eligieran a los nuevos magistrados mediante un baremo y sin reparto político-partidario.
Un mes después, y sin deliberación pública, ARENA nombró como primer magistrado a Roberto Anzora y el FMLN a María del Carmen Barahona como segunda magistrada.
Mientras que Rodolfo Párker —ahora exsecretario general del PDC— pidió como tercer magistrado a Julio Guillermo Béndeck Panameño.
A finales de 2017 y principios de 2018, diferentes organizaciones de la sociedad civil exigieron que los diputados eligieran a los magistrados de la Sala de lo Constitucional independientes, y que no respondieran a intereses partidarios.
Iban a sustituir a los magistrados que fueron nombrados en 2009 en Casa Presidencial, durante el Gobierno de Mauricio Funes.
A pesar de la insistencia de las organizaciones sobre el uso del baremo, los diputados —sin deliberación pública y con un atraso de 121 días— nombraron en los cargos a Carlos Avilés, Aldo Cáder, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.
Además, ratificaron a Armando Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional.
Los cinco magistrados fueron destituidos el 1.° de mayo de este año por la nueva Asamblea Legislativa con el argumento de la violación a la Constitución durante la pandemia por el coronavirus, pues bloquearon el trabajo del Gobierno de Nayib Bukele.
Para el subjefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, el baremo tampoco es el mecanismo ideal para la elección de funcionarios, porque la Constitución ya delimita los requisitos que deben cumplir los aspirantes a los cargos de fiscal general, magistrados y procurador.
