El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a penas de hasta 50 años de cárcel a 24 pandilleros de la facción sureña de la Pandilla 18 del departamento de Cuscatlán.
La declaración de un testigo criteriado (con beneficios penales) que participó junto a los miembros de la estructura fue clave para establecer los hechos acusados y la forma en la cual fueron consumados los delitos.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó cargos delictivos por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas; así como proposición y conspiración en el delito de homicidio.
El testigo al hablar de los hechos confirmó ante el tribunal que entre los años 2013 y 2018 planificaron asesinar a varias personas por considerar que eran informantes de la Policía Nacional Civil (PNC).
También hay homicidios en perjuicio de víctimas que se oponían al accionar de la estructura; también mataron a miembros de la misma pandilla que violaron las reglas de la organización criminal.
Todos esos delitos los cometieron en los municipios de Santa Cruz Michapa, San Pedro Perulapán, Cojutepeque y Tenancingo. En esas localidades de la Pandilla 18 fue desarticulada tras una investigación que realizaron agentes policiales bajo la dirección de fiscales de la oficina de Cojutepeque.
En el fallo, el tribunal fundamentó la condena por seis casos de homicidio, uno de proposición y conspiración en el delito de homicidio y las agrupaciones ilícitas.
Uno de los casos conocidos en el juicio fue el doble homicidio de dos menores de 12 y 14 años quienes mantenían relaciones sentimentales con jefes de esa pandilla, ordenaron asesinarlas por considerar que conocían mucha información de la estructura.
En la vista pública los fiscales presentaron análisis delincuenciales del accionar de la Pandilla 18 en los cuatro municipios, prueba documental consistente en actas de vigilancia y de inspección en los lugares donde los terroristas consumaban los delitos, autopsias y análisis balísticos de las armas utilizadas.