El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta más de 1,000 años, a 82 miembros de una estructura de la facción revolucionaria de la pandilla 18 considerada el brazo financiero de esa organización terrorista en Apopa.
Entre los condenados hay pandilleros que tenían diversos rangos, comerciantes y empresarios que tenían la función de colaboradores y quienes se habían convertido en testaferros para lavar el dinero obtenido de las extorsiones, tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.
La Fiscalía General de la República probó en la vista pública que incurrieron en los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de extorsión agravado, actos preparatorios, proposición y conspiración en el delito de tráfico ilícito, limitación ilegal a la libre circulación, tráfico de objetos prohibidos en centros penales, lavado de dinero y encubrimiento en feminicidio agravado.
Los condenados de la tribu Álamo, de Apopa comenzó a ser desarticulada en el 2017 y se extendió hasta diciembre de 2020 cuando hubo varios allanamientos y detenciones de cabecillas, otros mandos de la clica ya estaban en prisión y antes del 2019 habían estado ordenando una serie de hechos criminales.
Fiscales de la Comisión Especial de Investigación de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos incautaron inmuebles, negocios, vehículos automotores, dinero en efectivo y otros bienes que los testaferros tenían a su nombre, pero que eran de la pandilla.
