En siete demandas por enriquecimiento que llegaron a la etapa final del juicio civil en el 2023, la Fiscalía General de la República logró probar a diversas cámaras, que exfuncionarios de ARENA y el FMLN tuvieron un incremento patrimonial no justificado.
Mientras fungieron como funcionarios públicos sus ingresos fueron superiores a lo que percibían de salarios, gastaban más de lo que ganaban y llevaron una vida de lujos con dinero obtenido ilícitamente, así quedó establecido en las audiencias probatorias.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió los casos por decisiones dictadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego que los magistrados recibieron anteproyectos elaborados por la Sección de Probidad.
Fueron sometidas a examen las declaraciones juradas de José Atilio Benítez, exministro de Defensa; Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad; David Munguía Payés, exministro de la Defensa y Eduardo Linares, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
A los exservidores públicos, la Sección de Probidad acreditó que tuvieron un incremento patrimonial no justificado que no pudieron desvanecer con la documentación que se les requirió.
A la lista de condenas por enriquecimiento ilícito durante el 2023 se suma Douglas Avilés, quien fungió como diputado suplente entre el período del 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012; y como diputado propietario del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático.
La exviceministra de Comercio e Industria en el gobierno de Elías Antonio Saca, Blanca Jaco y el diputado de ARENA, Alberto Romero, también fueron encontrados responsables de enriquecerse de forma indebida.
Al existir suficientes indicios de un lucro ilegal la CSJ envió los expedientes de cada uno de ellos a cámaras de lo civil para que se les aplicara la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que establece un régimen sancionatorio de multas para que devuelvan al Estado los fondos obtenidos de forma indebida.
A los cuatro exfuncionarios corruptos los enjuiciaron y condenaron según lo establecen los artículos 20 y 21 de la ley especial. Como responsables de enriquecimiento ilícito sin causa justa fueron sancionados a restituir al Estado el dinero apropiado indebidamente, al mismo tiempo los inhabilitaron para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
En sede judicial están pendientes cinco demandas por enriquecimiento ilícito iniciadas en el 2023 por la Unidad Anticorrupción, se trata de cinco exfuncionarios de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Entre los cinco casos, la Fiscalía General de la República pretende recuperar a favor del Estado $1,203,949.99, monto de incremento patrimonial no justificado, la cantidad podría aumentar con las pericias ordenadas. Los procesos se definirán en las audiencias probatorias durante el 2024.
CONDENADOS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Eduardo Linares
Al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, lo condenó el jueves 27 de julio junto a su hijo Douglas Eduardo Córdova, por enriquecimiento ilícito de $270,609.47, monto que no pudieron justificar.
José Atilio Benítez
El exministro de Defensa y su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez, fueron encontrados responsables de enriquecerse ilícitamente con $121,657.35. La condena fue emitida el 5 de junio de 2023 por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Benito Lara
El 3 de mayo de 2023, la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador, condenó al exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad por enriquecimiento ilícito de $109,555.87, en la sentencia se incluye a su esposa e hija. El exfuncionario también quedó inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años.
David Munguía
Junto a su esposa Sandra Dinora Molina de Munguía fueron condenados a devolver al Estado $462,737.74. La Cámara Tercera de lo Civil al encontrarlos responsables los obliga a pagar $459,123.74 a Munguía Payés y su esposa $3,614.
Douglas Avilés
El 28 de marzo de 2023 se emitió la condena por no justificar su incremento patrimonial. El exdiputado, Douglas Leonardo Mejía Avilés y su esposa Brenda Cecilia Quezada de Mejía, deben devolver $322,761.
Blanca Imelda Jaco
El 13 de marzo 2023, la exviceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía, en el gobierno de Antonio Saca, su esposo e hija, fueron condenados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar su incremento patrimonial ante la Sección de Probidad y deben reintegrar al Estado, $129,498.
Alberto Romero
El diputado de ARENA, Alberto Romero, fue condenado el 14 de agosto de 2023por enriquecimiento ilícito y tiene que regresar al Estado $445,766.05, según la resolución de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, Cuscatlán.
CASOS JUDICIALIZADOS EN EL 2023
Medardo González
El exsecretario general del FMLN y exdiputado tiene pendiente la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito de. $153,346.55, la demanda también incluye a su esposa Ernestina Paredes de González.
Eugenio Chicas
El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, también está esperando audiencia probatoria por enriquecimiento ilícito de $282,494.21, el juicio es también en contra de su esposa Blanca Steffany Ayala, la excónyuge Ana Lucía Ramírez y su hijo Carlos Ernesto Chicas González.
Jorge Schafik Hándal Vega
El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega, su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Vellaneli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales, fueron demandados por un incremento patrimonial no justificado de $182,374.61, aún no se ha definido fecha de audiencia probatoria.
Lorena Peña
La exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, y su hija Ana Virginia Guardado Peña, fueron demandadas por enriquecimiento ilícito de $277,482.54, la Fiscalía General de la República está a la espera de la audiencia probatoria.
David Rivas
El último de los casos llevado a instancia judicial fue el de David Rivas, quien fue demandado en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla. El exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, junto a su exesposa e hijo son señalados de haberse enriquecido de forma ilícita con $308,252.08.