El Congreso de Guatemala exhortó al Gobierno de Bernardo Arévalo a que declare a la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones terroristas. La decisión surgió después del anuncio de Estados Unidos que designó al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
El Congreso aprobó con 90 votos a favor la petición dirigida al Ejecutivo, dado el contexto criminal del territorio, con 1,870 homicidios en los primeros siete meses del año, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). Además, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró desde inicios del año que el aumento de crímenes estaba vinculado a las pandillas por ajustes de cuentas o riñas por extender el control en más sectores.
Ante ello, los congresistas también pidieron al Ejecutivo «tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los guatemaltecos», entre ellas, instruir al Ejército y a la Policía Nacional Civil (PNC) a trabajar de manera conjunta para resguardar las áreas del país más afectadas por la operatividad delincuencial.
También solicitaron al presidente Arévalo que el Ministerio de Gobernación se encargue de la creación de cárceles especializadas para recluir a los miembros de las pandillas.
«Las presiones actuales carecen de la infraestructura adecuada para albergarlos», de acuerdo con un comunicado emitido por el Congreso.
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Los parlamentarios acordaron que es necesario que el Gobierno fortalezca los mecanismos de cooperación internacional con los Estados Unidos y con los países de la región, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para «coordinar acciones conjuntas de inteligencia y seguridad».
Otras de las solicitudes es que la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial y el Ministerio Público (Fiscalía) que, dentro de sus respectivas competencias, investigue y persiga las fuentes de financiamiento de las maras y pandillas.
«Los recientes acontecimientos han demostrado la amenaza creciente y persistente de grupos que fomentan la violencia y el terrorismo en Guatemala, afectando a nuestras comunidades, la estabilidad social y el desarrollo económico», aseguró la diputada del Partido Político Nosotros (PPN), Nadia de León.
«Esta declaratoria permitirá facilitar mecanismos legales, su persecución impedirá su financiamiento y participación en actividades que afectan la seguridad ciudadana, también promoverá la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo», afirmó.
