En la formulación de una democracia, como ideal de convivencia social, está arraigada la idea del equilibrio de poder, lo que comúnmente se conoce como «pesos y contrapesos», aunque la formulación inglesa de «checks and balances» es más ajustada a su función práctica. Este concepto se refiere a la distribución del poder entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; un diseño que, en teoría, previene que uno de ellos se vuelva demasiado poderoso y dé lugar a abusos. Los «checks» son los instrumentos funcionales que limitan ese poder, por ejemplo la exigencia de mayorías calificadas para elecciones y remociones de funcionarios de segundo grado, los vetos presidenciales, los recursos de inconstitucionalidad, etcétera.
Aunque en teoría esa idea suena bien, la experiencia histórica de El Salvador —después de la finalización de la guerra civil de los años ochenta— la tradujo en algo nefasto. Esto se debió, principalmente, a que los partidos dominantes en ese período pasaron de largo de un supuesto fundamental, implícito en la distribución del poder político, sin el cual el sistema necesariamente se corrompe. La idea de una democracia robusta se basa en que los representantes de los diversos sectores sociales, a través de sus respectivos partidos políticos, pueden tener diferentes visiones de la realidad, pero sus diagnósticos y propuestas parten de una genuina buena voluntad, con el ánimo de encontrar soluciones que convengan a todo el cuerpo social, por encima de los intereses particulares.
Sin embargo, lo que ocurrió en aquellas décadas fue que dichos partidos, al tener cuotas de poder que les permitían bloquear las iniciativas del contrario, se dedicaron —con buena dosis de descaro— a negociar ventajas sectarias e individuales, dejando de lado las aspiraciones populares. Esto se reflejó en el incremento mutuo de privilegios y prebendas, así como en el reparto de cuotas en instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y otras tantas. En aquella lujuria de poder, desconectada de las necesidades de la gente, pecaron de omisión al dejar crecer el cáncer de las pandillas, que infligieron un terrible e imperdonable sufrimiento a toda la sociedad, pero especialmente a los sectores más vulnerables de la población; y cuando el problema los desbordó, optaron por empoderar a esas estructuras delincuenciales, dándoles beligerancia política y negociando privilegios a cambio de apoyos electorales y cuotas diarias de homicidios.
A la luz de su nefasta trayectoria —documentada e incluso judicializada— cabe preguntarse cuál sería la conveniencia social de que ARENA y FMLN volvieran a tener una cuota de poder relevante. La misma pregunta podemos hacernos con el partido VAMOS, que de palabra se ha presentado como distinto y desvinculado de los dos anteriores, pero cuya práctica legislativa y discursiva ha funcionado en plena concordancia con aquellos, más allá de algunas escaramuzas personalistas e irrelevantes.
El problema real, hoy y aquí en El Salvador, no es que la oposición como categoría general sea cosa mala o no deseable, sino que esta oposición en particular, con sus características concretas y nombres propios que la visibilizan, se ha configurado a sí misma como negativa para los intereses nacionales, por sus rasgos reaccionarios y obstruccionistas —sea que provengan de anclas ideológicas, animadversiones biliares o financiamientos perversos.
Retomando el concepto de «checks and balances» —y dentro de un genuino espíritu democrático, con diversidad enriquecedora— el país podría llegar a tener, en el mediano plazo, una oposición sana, no contaminada con vicios ideológicos ni personalistas, libre de rémoras visibles e invisibles, que no siguiera el modelo de los tradicionales contrapesos tóxicos y, por el contrario, se constituyera como un conjunto de actores políticos responsables, propositivos y constructivos. Pero, para 2027, el escenario opositor no apunta a eso, sino a reafirmar sus resultados de 2024.
