Los 907 homicidios ocurridos en 2023, según la policía del sistema judicial, suponen una seria crisis de la inseguridad para este país centroamericano de 5,1 millones de habitantes, por mucho tiempo considerado uno de los más seguros de América Latina.
Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esa cifra significó un aumento del 38,6% respecto de los homicidios registrados en 2022 (654), cuando la tasa fue de 12,5 por cada 100.000 habitantes.
El promedio mundial es de 8 por cada 100.000 personas, según las agencias especializadas de Naciones Unidas.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, atribuyó la mayoría de las muertes violentas a ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas.
Las ciudades portuarias de Limón y Puntarenas son las más afectadas por la penetración del narcotráfico.
El 80,3% de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, de acuerdo con el informe del OIJ.
En una entrevista con la AFP en noviembre pasado, el ministro de Seguridad Pública (Interior), Mario Zamora, aseguró que el narcotráfico es un «cáncer» que «no fue detectado a tiempo». «Tenemos que evitar que haga metástasis», agregó.
Costa Rica es, como el resto de Centroamérica, puente de la droga que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. En el camino, dinero, droga y armas refuerzan pequeños carteles cada vez más organizados.
