La oposición busca la manera de tratar de opacar el segundo aniversario del Gobierno del presidente Nayib Bukele con recursos cada vez más patéticos. El más evidente es el de un grupo de activistas del FMLN que recibió salarios de la Asamblea Legislativa pero que el mismo partido, en la legislatura pasada, instruyó a la junta directiva de terminar sus contratos el 30 de abril; es decir, los dejó sin trabajo a partir del inicio de la nueva Asamblea Legislativa.
Ahora esos activistas tienen tomado un pasillo estratégico para el acceso al Salón Azul para boicotear la sesión solemne del informe del segundo año de Gobierno.
La bancada legislativa del FMLN (que es mucho decir para cuatro diputados) fue informada el 21 de mayo de que tiene un presupuesto de $672,000, de modo que tiene los fondos para recontratar a estos activistas que se tomaron un segmento de las instalaciones legislativas. La diputada Dina Argueta dijo que «no tenía claridad» sobre los fondos disponibles para ella y sus compañeros, a pesar de que uno de ellos, Jaime Guevara, firmó de recibida la notificación oficial enviada por la junta directiva.
Los activistas del Frente deberían reclamarles a sus cuatro diputados por su no recontratación. Tienen los fondos, pero quizá ya comprometieron las plazas a los exdiputados que fracasaron en su reelección.
Como la parte complementaria de una tenaza —pequeña, pero tenaza a fin de cuentas—, un reducido grupo de derecha bloqueó el acceso para diputados el viernes pasado, tratando de impedir el trabajo de los legisladores, que ahora sí se reúnen, llegan a acuerdos en las comisiones y aprueban decretos y créditos largamente postergados por ARENA, el FMLN y sus compañeros de vagón.
El país vive una renovada dinámica política gracias al mandato que los ciudadanos le dieron masivamente a Nuevas Ideas, lo que permite tener la claridad del rumbo y acelera las acciones de respaldo a los planes gubernamentales.
Las crisis artificiales montadas por grupúsculos de oposición son una muestra más de la desesperación por la irrelevancia en la que se encuentran. Pero ese es el papel que el voto de los ciudadanos les asignó.
No aceptar la voluntad soberana es una afrenta a la democracia y menospreciar la decisión de la mayoría abrumadora del electorado. Es, además, un peligroso llamado a la sedición en función de intereses corporativos.
El Salvador habló fuerte y claro el 3 de febrero de 2019 y el 28 de febrero pasado: se acabó la vieja política de los maletines negros y del saqueo del erario por parte de políticos corruptos y sus huestes de plazas fantasma. Es el momento de construir un país próspero y desarrollado.
