Entre 19 exfuncionarios, dos actuales servidores públicos y 22 de sus familiares, se habrían enriquecido ilícitamente con $19,505,205 según las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde el 5 de octubre de 2015 al 30 de julio de 2019.
Los magistrados reunidos en Corte Plena certificaron a la Fiscalía General de la República 19 expedientes para que se promoviera en diversas cámaras juicios civiles con miras a recuperar a favor del Estado los más de $19.5 millones.
Entre los señalados hay dos expresidentes de la República, dos ex primeras damas, exministros, exviceministros, exsecretarios privados de la presidencia, ex diputados, diputados, un alcalde, ex directores y presidentes de autónomas, un ex presidente de la CSJ y un ex fiscal general.
Tras cinco años de la primera resolución emitida por la CSJ y que fue contra el diputado Reynaldo López Cardoza, los juicios civiles han avanzado muy poco, de los 19 expedientes, solo siete de ellos, equivalente al 36.8% han llegado a la fase final del proceso (audiencia probatoria), los otros 12 procesos que corresponde al 63.2% están a la espera de la audiencia preparatoria.
De los siete expedientes que avanzaron hasta la última etapa, seis fueron ganados por la Fiscalía General de la República y dos por los demandados. Diferentes cámaras fallaron contra el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores y su esposa condenándolos a devolver $812,740.
Mauricio Funes, su hijo Diego Funes Cañas y la ex primera dama Vanda Pignato fueron demandados por $728,329.74, pero la Cámara Segunda de lo Civil solo encontró responsables a los primeros dos y ordenó que deben devolver al Estado $419,145. Ambos son prófugos.
En San Miguel, el ex juez especializado Enrique Alberto Beltrán Beltrán y su esposa Marina Eugenia Mendoza de Beltrán, fueron condenados a devolver al Estado $150,992, el Ministerio Público reclamaba $298,941.82.
Hasta noviembre de 2020, la mayor condena era la que se había impuesto a Elmer Roberto Charlaix Urquilla y su esposa, María Arline Rivas de Charlaix, quienes tenían que regresar $17,982,933.1, pero la Sala de lo Civil modificó esa resolución y ordenó que solo deben regresar al Estado $884,264.94.
Otra de las resoluciones emitidas fue la del alcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, encontrado responsable de enriquecimiento ilícito de $249,045.75, pero esta sentencia no está en firme porque acudió a la Sala de lo Civil.
Última condena
La reciente condena por enriquecimiento ilícito fue dictada por la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador el pasado martes, los magistrados determinaron que el ex presidente de ARENA, Elías Antonio Saca, junto a su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, tuvieron un incremento no justificado de $4,482,307.
En el juicio civil que duró cuatro años y diez meses, Saca y su cónyuge no pudieron explicar de dónde obtuvieron los fondos cuestionados por la Sección de Probidad, al estar frente a pruebas contundentes irrefutables por los defensores, los magistrados se pronunciaron con una condena de enriquecimiento ilícito que obliga a devolver al Estado el dinero obtenido manera ilegal.
La decisión judicial veta para los próximos diez años a Saca y su esposa, de ejercer cargos públicos, esa petición la hizo la Fiscalía cuando inició el juicio civil.
La sentencia emitida puede ser apelada ante la Sala de lo Civil, la Fiscalía ya adelantó que no está de acuerdo con el monto, ya que su pretensión es que devuelvan $5,165,000 cantidad que estableció la pericia financiera contable.
Mientras que los abogados de los esposos Saca, han manifestado que solicitarán que se revise la resolución por considerar que se está frente a un doble juzgamiento ya que lo discutido en el juicio civil es lo mismo que se conoció en el proceso penal que culminó con una condena de diez años para Saca.
Casos perdidos
Los dos casos pedidos por la Fiscalía fueron los del expresidente del INDES, Jaime Rodríguez y su esposa, la Cámara Ambiental de Santa Tecla dijo que no había enriquecimiento ilícito y el proceso promovido al diputado Reynaldo López Cardoza y su esposa, la Sala de lo Civil lo dejo en firme al asegurar que nunca se enriqueció ilícitamente.
En todos los expedientes presentados la Fiscalía ha solicitado a las cámaras que a los demandados se les aplique la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos vigente desde el año 1959 que señala un régimen sancionatorio de multas para restituir al Estado lo que se ha adquirido indebidamente.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción han pedido que se tome en cuenta el artículo 20 de la normativa para que cuando la sentencia sea condenatoria, los responsables sin causa justa sean sancionados a restituir al Estado lo que hubieren adquirido indebidamente.
Además, debe hacerse valer el artículo 21 de dicha ley, para que el funcionario o empleado que sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años.
Hubo enriquecimiento ilícito según cámaras
Leonel Flores y su esposa Denisse Karina de Flores
Mauricio Funes y su hijo Diego Funes Cañas
Elmer Roberto Charlaix Urquilla y su esposa María Arline Rivas de Charlaix
Marvin Ulises Rodríguez Álvarez (sentencia en conocimiento de Sala de lo Civil)
Alberto Beltrán Beltrán y su esposa Marina Eugenia Mendoza de Beltrán.
Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca.
No hubo enriquecimiento ilícito según cámara y Sala de lo Civil
Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez.
Jaime Alberto Rodríguez Jiménez y su esposa Rina del Carmen de Rodríguez
Procesos que están esperando audiencia preparatoria
Luis Antonio Martínez González, su esposa Carla Francesca y su hijo Luis Carlos.
Nicola Angelucci y su esposa Regina Argüello.
Miguel Menéndez Avelar, «Mecafé», su esposa Fátima Yanira y sus hijas, Fátima Yanira y Andrea Vanessa.
Jorge Ernesto Hernández Isussi y su esposa Patricia Antonia.
Procesos que están esperando audiencia probatoria
Othon Sigfrido Reyes Morales, su esposa Susi Melba y su hijo Luis Damián.
Douglas Mejía Avilés y su esposa Brenda.
Blanca Imelda Jaco de Magaña, su esposo Álvaro Alfredo y su hija Mónica Alexandra.
Agustín García Calderón y su esposa Gloria Natividad.
René Mario Figueroa y su esposa Cecilia Coronada.
Carlos Roberto Morán Mancía y su esposa Claudia María Alwood.
Carlos Antonio Rosales Franco y su esposa Ana Leonor.
Los 19 juicios civiles promovidos por la Fiscalía
1 El 5 de diciembre del año 2016, el exdirector de Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores y su esposa Denisse Karina de Flores, fueron encontrados responsables de enriquecimiento ilícito de $812,740.62, por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, en un proceso que fue ordenado por la CSJ el 26 de noviembre de 2015 e iniciada en la referida cámara el 12 de enero de 2016.
2 El expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena fue enjuiciado civilmente junto a su hijo Diego Funes Cañas y la ex primera dama Vanda Pignato por enriquecimiento ilícito de $728,329.74, demanda que fue presentada el 29 de marzo de 2016, pero al final Cámara Segunda de lo Civil ordenó el 28 de noviembre de 2017, que el exmandatario debe pagar $206,660-55 y su hijo, $212,484.54, haciendo un total de $419,145.09. La ex primera dama fue exonerada de pagar $57,000.
3 El diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez, fueron demandados por supuesto enriquecimiento ilícito de $1,300,000 el 9 de noviembre de 2015, pero el 3 de marzo de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil resolvió que el legislador no se enriqueció de forma ilícito, pero su esposa si lo hizo por un monto de $78,000, al final este caso la Fiscalía lo llevó hasta la Sala de lo Civil y tres magistrados suplentes dijeron que no había caso que seguir y cerraron el expediente, anulando incluso la resolución en contra de la esposa del diputado.
4 Elmer Roberto Charlaix Urquilla, exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, junto a su esposa, María Arline Rivas de Charlaix, fueron demandados, el 29 de noviembre del año 2016 por enriquecimiento ilícito de $18,767,445, pero en la audiencia probatoria del 4 de enero de 2018, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, los encontró responsables y ordenó a Charlaix devolver al Estado $17,809,007.35 y su esposa $173,925.75; entre los dos suman un monto global de $17,982,933.1, pero la Sala de lo Civil modificó el monto y solo deben pagar $884,264.94.
5 El 15 de diciembre de 2016, la CSJ ordenó enjuiciar al alcalde de Olocuilta, La Paz, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, por un supuesto enriquecimiento ilícito de $207,000 y en la resolución de la audiencia probatoria emitida por la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, el 31 de mayo 2019, fue encontró responsable a devolver al Estado $249,045.75 y lo inhabilitó para ejercer un cargo público por diez años, pero el funcionario ha impugnado ante la Sala de lo Civil que aún no ha resuelto, al no estar en firme la resolución el funcionario busca de nuevo ser alcalde por el partido ARENA.
6 El expresidente Elías Antonio Saca González y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, fueron demandados el 21 de abril de 2016, por enriquecimiento ilícito de $4,559,621.65, pero la pericia determinó que fueron $5,165,000, sin embargo en la resolución de la Cámara Primera de lo Civil, los magistrados condenaron por enriquecimiento ilícito de $4,482,307.53.
7 Al exfiscal general Luis Antonio Martínez González, la CSJ ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por supuesto enriquecimiento ilícito de $486,213.80, que junto a su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, no pudieron justificar ante la Sección de Probidad. Este expediente fue admitido de forma oficial el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, aún no se ha realizado la audiencia preparatoria que es la primera del juicio civil.
8 El 12 de octubre del año 2016, el exjuez especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Alberto Beltrán Beltrán y su esposa Marina Eugenia Mendoza de Beltrán, fueron demandados por enriquecimiento ilícito de $298,941.82, en la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, con sede en San Miguel. La Fiscalía solicitó que el ex juzgador pagara al Estado $178,031.82, mientras que su esposa lo hiciera con la cantidad de $120,908.87, pero en la audiencia probatoria del 23 de marzo de 2018, fueron encontrados responsables a devolver al Estado $150,992.11. El exjuez debe cancelar $109,133.62 y su cónyuge $41,858.49.
9 Al ex diputado del partido Cambio Democrático (CD), Douglas Mejía Avilés y su esposa Brenda Quezada de Mejía, el 24 de noviembre de 2016, la CSJ, ordenó iniciarles juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito que asciende a $307,000, por este expediente, el 8 de abril de 2019, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla hizo la audiencia preparatoria y está pendiente la última audiencia en la cual la Fiscalía pretende que los encuentre responsables de enriquecerse ilícitamente entre los años 2009-2014, cuando fue diputado suplente y propietario, a su esposa le cuestionan el tiempo que estuvo como asesora de la Presidencia de la Corte de Cuentas de la República. A Avilés le atribuyen un enriquecimiento ilícito de $260,000 y su esposa $47,000.
10 El 26 de julio del año 2019, en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, fueron demandados por supuesto enriquecimiento ilícito de $6,074,438, el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) Nicola Angelucci y su esposa Regina Argüello de Angelucci, pero el proceso terminó del conocimiento de la Cámara Ambiental de Santa Tecla. A más de un año en este expediente aún no se ha realizado audiencia preparatoria el Ministerio Público pretende que Angelucci reintegre al Estado $5,981,026.15 y su esposa $$93,412.82.
11 La Corte Suprema de Justicia, ordenó el 9 de abril de 2019, iniciarles juicio civil por indicios de enriquecimiento ilícito al exministro de Seguridad René Mario Figueroa y su esposa Cecilia Coronada Alvarenga Pinto de Figueroa, por un monto de $1,028,974.54. La Fiscalía le atribuye al exfuncionario un incremento patrimonial no justificado de $871,640.99, mientras que a su esposa $157,333. 55. Está pendiente que se realice la audiencia probatoria.
12 En la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, su esposa Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández y su hijo Luis Damián Reyes Rodríguez, fueron demandados por un supuesto enriquecimiento ilícito de $472, 464.04. La CSJ ordenó enjuiciarlos el 30 de julio de 2019, el expediente lo enviaron el 19 de diciembre del mismo año a la Cámara y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía presentó la demanda de forma oficial el 14 de febrero de 2020, está pendiente que se realice la audiencia probatoria que es la última del proceso.
13 En la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla, departamento de La Libertad, está pendiente la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito de $103,225.42, atribuido a Blanca Imelda Jaco de Magaña, exviceministra de Comercio e Industria en el gobierno de Elías Antonio Saca, su esposo Álvaro Alfredo Magaña Granados y su hija Mónica Alexandra Martínez Jaco, por un monto de $103,225.42. Esta demanda fue presentada el 22 de julio de 2019, la audiencia preparatoria fue el 25 de agosto de 2020 y el 27 del mismo mes la Cámara admitió toda la prueba a la Fiscalía.
14 El 7 de enero de 2019, el empresario Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, su esposa y dos hijas, fueron demandados por supuesto enriquecimiento ilícito de $2,366,950.18, luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia les encontrara 29 irregularidades detectadas que no pudieron desvanecer y ese monto de dinero es señalado por la Fiscalía como un incremento patrimonial no justificado.
15 La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, tiene pendiente la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito, Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 204-2009 y su esposa Ana Leonor Morales Luna, señalados por la Fiscalía de un incremento patrimonial no justificado de $481,984.46. En la audiencia probatoria del 18 de diciembre de 2019 se programó la última audiencia del proceso para el 23 de marzo de 2020, pero a raíz de la pandemia por covid-19 no se hizo, se desconoce la nueva fecha.
16 El expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) Jorge Ernesto Hernández Isussi y su esposa Patricia Antonia Rodríguez Santos de Hernández, fueron demandados el 1 de julio de 2019, por supuesto enriquecimiento ilícito de $204,511.49, en este juicio civil, aún no se ha realizado la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del proceso. Hernández Isussi, quien fue presidente del INDES 1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2009, se habría enriquecido ilícitamente con $165 mil y su esposa con $39 mil 511.49, según la demanda de la Fiscalía.
17 El 24 de marzo de 2017, en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, el expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón y su esposa Gloria Natividad Valdés de García, fueron demandados por un presunto enriquecimiento ilícito de $193,536.61. Este proceso se ha estacando debido a una serie de recursos entre los que se incluye la petición de los defensores quienes pidieron separar del caso a los magistrados de la Cámara, está pendiente la audiencia probatoria en la que se definirá si son o no responsable de enriquecimiento ilícito.
18 En la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, el exviceministro de Obras Públicas, Carlos Roberto Morán Mancía, tiene pendiente la audiencia probatoria por supuesto enriquecimiento ilícito de $82,985.45, en la demanda presentada el 19 de julio de 2019 también se incluye a su esposa Claudia María Alwood de Morán. En la Audiencia preparatoria del 17 de diciembre de 2019, la Fiscalía señaló al exfuncionario de un incremento patrimonial no justificado de $60,000.12 y su cónyuge le atribuyen $22,985.33 por la compra de tres vehículos.
19 El 28 de septiembre de 2017, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, demandó por supuesto enriquecimiento ilícito de $150,825.06, al expresidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Jaime Alberto Rodríguez Jiménez y su esposa Rina del Carmen de Rodríguez, pero al final del proceso, la Cámara Ambiental, en la resolución de la audiencia probatoria del 21 de noviembre de 2019 dijo que no se enriquecieron de forma ilícita y desestimó la petición fiscal de declararlos responsables.
