De 35 homicidios registrados a escala nacional entre el 1.° de enero y el 31 de mayo de 2025, solo tres se atribuyeron a las estructuras terroristas, de acuerdo con los datos de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios.
Esa cifra dista mucho de la reportada en el mismo período de 2022, cuando las autoridades informaron 364 muertes violentas, de las cuales 343 se atribuyeron a la violencia de las pandillas. En ese lapso, en marzo se registraron 161 crímenes contra la vida cometidos por las maras, mientras que en ene[1]ro y febrero hubo 79 y 71, respectivamente, cuyos hechores fueron pandilleros.
En la actualidad, los asesinatos cometidos por las pandillas en el país son la tercera causa; la primera es la intolerancia social con 21 casos y, la segunda, la intolerancia familiar con 11 homicidios.
La ola de violencia provocada por los terroristas en marzo de 2022 impulsó al Gobierno del presidente Nayib Bukele a declarar el combate frontal a las maras a través del régimen de excepción. Esa herramienta legal, aprobada por la Asamblea Legislativa, ha brindado un giro en la política de seguridad y disminuyó drásticamente los crímenes contra la vida perpetrados por las pandillas.
Recientemente, el presidente Bukele se refirió a que el mundo habla de El Salvador, del milagro logrado y como el ejemplo salvadoreño ya inspira a muchas naciones, pues ya se ha logrado lo imposible, devolver la tranquilidad a la población que por décadas estuvo bajo el acecho de las maras.
«Hace seis años, el mundo ya había perdido la esperanza en nosotros. Nos decían que el crimen era parte necesaria de nuestra sociedad y que derrotarlo era imposible. Nos daban estudios y proyectos sobre cómo “salvarnos”, pero en el fondo nunca creyeron que fuera posible y por eso sus “soluciones” nunca estuvieron diseñadas para funcionar», mencionó en esa ocasión el mandatario salvadoreño.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó que el régimen de excepción va a continuar y que es una herramienta que ha permitido recuperar el país. Además, ha devuelto la esperanza a 6 millones de salvadoreños «y es algo que vamos a seguir, porque estamos bien claros del fenómeno que estamos enfrentando, que empezó en El Salvador con un deportado, entonces se debe acabar de la misma manera».
Villatoro indicó que El Salvador, con mucho orgullo, hoy es un referente no por los relatos, sino por los datos. «Somos ejemplo de lo que un país soberano e independiente, con un liderazgo firme como el del presidente Nayib Bukele, debe hacer para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y, además, colaborar en la destrucción de organizaciones terroristas y criminales que matan a nuestros jóvenes en el continente americano».
MARERO ASESINÓ A EXCABO POLICIAL
Entre las tres muertes violentas atribuidas a la violencia pandilleril está el ocurrido el pasado 28 de mayo en Tacuba, Ahuachapán, donde detuvieron a Henry Fernando Hernández Asencio, quien fue identificado como el responsable de matar a un excabo de la Policía.
La corporación detalló que el crimen fue resuelto al activar el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO). El reporte agrega que el imputado cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas, sin embargo, fue puesto en libertad en abril de 2024.
«Quienes nos critican no entienden, o asumen no entender, que esta organización terrorista estaba formada por asesinos seriales. A este sujeto, el sistema romántico y perverso asumió que, con solo dos años de internamiento y programas de pintacaritas, se iba a readaptar. Pues bien, la realidad, tristemente, nos da la razón una vez más. Ahora, este terrorista pagará por sus crímenes con años de prisión», reaccionó el titular de Seguridad en su cuenta de la red X.
INTOLERANCIA SOCIAL, LA PRINCIPAL CAUSA DE LOS ASESINATOS
En la actualidad, los homicidios causados por la intolerancia social totalizan 21 de las 35 muertes violentas reportadas entre enero y mayo de este año. En 2022, con las pandillas en el control de los territorios, la situación fue diferente, pues en el mismo período se reportaron 10 crímenes por ese motivo.
Entre esos casos está uno reportado el 9 de mayo. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y los victimarios se encontraban departiendo en una cervecería, de donde lo sacaron para llevarlo a un cementerio y le provocaron múltiples lesiones que le causaron la muerte. El crimen ocurrió en Usulután.
Los imputados son Víctor Manuel Ayala Iraheta, Juan José Castro Trejo y Óscar Armando Morales Gaitán.
En esa oportunidad, el ministro de Seguridad detalló que el hecho se resolvió gracias al PRHO, en el cual más de siete unidades especializadas se activaron ante el reporte de un asesinato, con el fin de ubicar al responsable y hacer cumplir la ley.
ó a José Ernesto Cárcamo Henríquez y Douglas Javier Salazar Martínez, acusados de vapulear a un joven en Apopa. La moto de la víctima se quedó sin gasolina, y cuando estaba varada fue abordada por los imputados, quienes intentaron robarle la motocicleta y la agredieron con objetos contundentes.
