El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, indicó en una entrevista matutina que la institución impondrá multas de hasta 500 salarios mínimos a los proveedores que incrementen precios de forma injustificada en productos de la canasta básica, en el marco de la emergencia que experimenta el país por las lluvias.
El funcionario afirmó que no hay razón para incrementos por falta de oferta, ya que las operaciones de importación se han estado llevando a cabo de forma normal en las fronteras del país y existe un «importante» abastecimiento.
«Se nos ha informado que, a pesar de las lluvias, se mantienen todas las labores de importación de producto. Todas nuestras fronteras están trabajando normalmente, no hemos tenido ningún cierre y eso ha permitido tener un buen flujo de productos de Guatemala y Honduras», afirmó Salazar.
«No hay justificación para que exista un incremento en el precio de los alimentos, ya que existe un importante abastecimiento, así como las importaciones se han estado realizando», agregó el funcionario.
En ese contexto, indicó que en lo que va del año, se han impuesto alrededor de 88 multas, que totalizan más de $318,000, a proveedores que han obstaculizado el trabajo de la institución y han aumentado los precios sin justificación.
Entre las empresas sancionadas hay supermercados, importadoras y distribuidores de lácteos e insumos agrícolas, entre otros rubros.
Dichos hallazgos han sido reportados a partir de inspecciones realizadas durante todo el año. De forma especial, en el marco de la emergencia, se desarrollan verificaciones en mercados y supermercados para asegurar que no existan comportamientos malintencionados.
De hecho, actualmente se investigan reportes de subidas de precio en productos como la papa. Se han activado los mecanismos de requerimiento de información para determinar si hay incremento injustificado.
«La Defensoría del Consumidor (DC) reitera que sancionará severamente las prácticas abusivas, sin perjuicio de las acciones penales que puedan articularse con la FGR , a efecto de perseguir de oficio las conductas y prácticas como el acaparamiento, agiotaje o la propalación falsa», indicó el titular de la DC.
