No podemos juzgar los principios democráticos, porque es la definición social de un estado perfecto, cuando oportunidades, derechos, reconocimientos y justicia ciudadana determinan las estructuras de un país con un equilibrio social y político que lo enrumban hacia el desarrollo, el progreso, en calidad de ser un Estado soberano, donde la política ejerce sus funciones de garantizarle una mejor vida en términos de poder adquirir siempre el bienestar, y esa justicia ciudadana que todos ambicionamos para lograr nuestros objetivos de superación, estabilidad social, espiritual, y justificar dentro de ese estatus nuestras relaciones sociales y superación individual.
«Pero entre el ideal democrático y la realidad democrática median enormes y profundas diferencias. La democracia no es ajena a patologías de múltiples tipos. Fenómenos tales como la indiferencia ciudadana, la irresponsabilidad política, la atrofia de las instituciones, la sobrecarga de expectativas, los intereses particulares que gravitan por encima de los de la mayoría, son fenómenos que se encuentran en la realidad de la democracia. Pero precisamente el ideal aquí descrito es el que permite juzgar las desviaciones y contrahechuras de la realidad». (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática)
De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», y es como pretenden justificar en toda la historia moderna las decisiones políticas que toman los grupos organizados que llegan al poder; solo que finalmente esas decisiones no obedecen en la realidad a las «mayorías», por simples relaciones matemáticas en la composición social de quienes representan las mayorías.
Y esas «mayorías» no son determinadas simplemente por un orden numérico, de cantidad proporcional, sino por las mayores influencias que se ejerzan en un sector de la población: «La oferta» y la demanda a la población, los valores de los procesos históricos que ésta haya vivido, y fundamentalmente el nivel de educación y poder coercitivo que se ejerza sobre el pueblo en el proceso electoral.
En nuestros tiempos es típico oponer la democracia a la dictadura o a los gobiernos autoritarios, aunque la democracia es en definitiva el principio constitucional de la soberanía popular. Lo único y definitivo es el pueblo, y el pueblo finalmente somos todos, incluyendo a los proponentes de los procesos electorales. En esa involucración cívica del todo nacional surgen las mediatizaciones a ultranza, los factores educacionales señalados y, sin lugar a dudas, el poder económico de los ofertantes en el proceso y su poder de persuasión. O, en otras palabras, la afirmación del principio de la soberanía popular requiere de un Estado capaz de afirmarse como poder superior, como poder legal y como poder representativo de la voluntad popular.
En nuestro país hemos tenido una historia de dolor más que de disfrute de nuestros derechos ciudadanos, desde la misma independencia, la estabilización del poder oligárquico, que aunque los historiadores lo señalan hasta los años 40, la verdad sea dicha, aun con la llegada de procesos electoralistas «democráticos» la presencia y participación política seudodemocrática ha estado corrompida por el poder de esa aristocracia; hasta hoy que navegamos en procesos auténticamente democráticos y dirigidos por los intereses socialistas, en su definición como auténticos procesos en los que la población está involucrada en todos sus estratos sociales para avanzar en la estructuración de un país realmente libre y democrático.
En el pasado las llamadas masas populares, consideradas así porque no pertenecían a ellas las clases privilegiadas, o sea la aristocracia o burguesía, no tenían opción de ser representadas en los procesos electorales, pues esos estratos sociales no contaban para la estructura directiva de aquellos procesos, como hoy que en estas dos recientes elecciones en las que ha privado la absoluta legalidad y la satisfacción, incluso de la comunidad internacional, que han sido esas masas populares auténticas representantes en el poder del Estado.
El reconocimiento del pueblo a esa supresión del Estado de derecho y sus disposiciones para asumir los riesgos en el devenir de leyes o instrucciones que afecten las estructuras delincuenciales, es una importante como valiosa muestra de la madurez ciudadana y comportamiento cívico para el logro de reivindicar la paz, la verdadera democracia en nuestro país.
