Una nueva denuncia en Guatemala reveló una red de sobornos a fiscales que investigan a Jorge Alberto Castro, Gaitán, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por integrar una red delincuencial internacional vinculada a fraudes millonarios contra empresas de telecomunicaciones.
Y en el país, la Fiscalía General de la República sostiene que los implicados en ese caso, formaron una red dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas a precios por debajo del mercado. Según el expediente judicial, el boicot fue articulado por ejecutivos ligados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.
De acuerdo con la demanda difundida en Guatemala, una de las abogadas de los imputados llegó hasta la Sede Fiscal Cuatro donde le habrían entregado información privilegiada en relación al caso de los imputados.
Según fuentes cercanas al caso, la abogada indicó que llegaba representando a las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings; Así como, de las personas: Howard Mandel, Ryan Lepene, John Ranieri, Adam Shachter, Jean Paul Dechamps y Michael Unger.
«En el curso de dicha interacción, la abogada ofreció dinero a cambio de entregar la totalidad de la información contenida en dichas carpetas, incluyendo expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en Guatemala en contra de sus supuestos patrocinados. Los referidos procesos guardan relación con el arbitraje internacional identificado con el número 012100004309, seguido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, entre: Telecom Business Solution LC, Latam Towers LLC (Peppertree) y AMLQ Holdings (CAY) LTD contra Terra Towers Corp, TBS Management S.A. y DT Holdings Inc», se lee en parte de la denuncia.
Los denunciantes piden investigar el actuar de los fiscales a cargo del caso de la Fiscalía número Cuatro. Detallan que podrían cometerse los delitos de cohecho activo; tráfico de influencias; obstrucción de justicia; violación de reserva de actuaciones; asociación ilícita; conspiración; encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. Trascendió que un fiscal ya fue destituido por aceptar sobornos a esta red.
Asimismo, los demandantes exponen que existen indicios de una estructura criminal que pretende efectuar: manipulación de procesos judiciales; fraude procesal; destrucción u ocultamiento de evidencia; presentación de pruebas fabricadas; uso de testigos coordinados falsamente; perjurio estratégico; colusión entre abogados supuestamente independientes; simulación de procesos para obtener resoluciones aparentes; engaño respecto a jurisdicción, competencia y partes reales.
