Medios guatemaltecos denunciaron una serie de presuntos privilegios ilegales y un plan de fuga en favor de Jorge Alberto Gaitán Castro, recluido en el Centro Preventivo Mariscal Zavala, y requerido en extradición por El Salvador por el delito de administración fraudulenta por un monto de $1,284,274.39.
De acuerdo con informes recientes, Gaitán Castro se encuentra en condiciones distintas a las de un reo común, para el caso, los reportes apuntan a que ha tenido acceso a dispositivos electrónicos, reuniones familiares privadas, e incluso uso de teléfonos celulares prohibidos por la normativa penitenciaria, a pesar de que su traslado al penal de Pavoncito fue ordenado por distintas resoluciones judiciales emitidas en mayo, agosto y septiembre de 2025, las cuales no han sido ejecutadas.
Gaitán Castro es hijo de Jorge Leonel Gaitán Paredes, extraditado a El Salvador en septiembre pasado. Ambos figuran como parte de una estructura criminal junto a los estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri. Esta organización es investigada por un millonario fraude contra empresas del sector de telecomunicaciones, como Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en seis países latinoamericanos.
La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los implicados formaron una red dedicada a desvalorizar empresas con el objetivo de adquirirlas a precios por debajo del mercado. Según el expediente judicial, el boicot fue articulado por ejecutivos ligados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente.
Plan de fuga
Las denuncias también señalan que Gaitán Castro contaría con respaldo institucional y una red de protección que habría evitado su traslado a Pavoncito, a pesar de órdenes judiciales. Durante una requisa realizada en mayo de 2025, las autoridades habrían encontrado un teléfono celular que el reo utilizaba para comunicarse con estructuras criminales, lo que agrava las sospechas sobre un plan de fuga en marcha. Parte de esa red estaría vinculada a actores ligados a TPG Peppertree, lo cual explicaría la resistencia institucional para cumplir las resoluciones emitidas por los tribunales guatemaltecos. En este contexto, también se menciona la participación de abogados que representarían los intereses de la estructura delictiva.
