El Salvador cuenta con un nuevo marco legal orientado a incentivar y facilitar las inversiones extranjeras de alto valor, para dinamizar la economía, el cual fue aprobado ayer por la Asamblea Legislativa.
Dicha normativa contiene incentivos fiscales, como la exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las operaciones económicas que se realicen con proyectos de inversión nuevos que se instalen en el país, por un valor igual o superior a $2,000 millones.
También exonera del pago del ISR a las transacciones que se realicen con los proyectos de inversión nuevos cuyos propietarios o representantes tengan un patrimonio igual o superior a los $2,000 millones.
La iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo recibió el respaldo de 56 diputados de Nuevas Ideas, PDC y PCN. La diputada de Vamos votó en contra y los legisladores de ARENA no emitieron voto.
El nuevo régimen de incentivos está contenido en el dictamen 114, que fue emitido por la comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso, y fue leído por el diputado cian William Soriano, quien detalló que el requisito para otorgar los beneficios fiscales es que las inversiones estén enfocadas en el desarrollo de actividades económicas, pues «el propósito es incrementar la productividad en el país, generar empleos y promover la exportación de bienes y servicios».
Se entiende como inversión de alto valor a todo aporte igual o mayor a $2,000 millones que haga una persona natural o jurídica, salvadoreña radicada en el exterior o extranjera, para crear una actividad económica.
La exoneración del pago del ISR que obtendrán los inversionistas con este régimen se aplicará a las utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital o todo tipo de beneficios económicos que obtengan a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Otro beneficio es la exoneración en la aplicación de retenciones en la fuente del ISR, por lo que no están obligados a declarar o enterar el pago de anticipo a cuenta del referido impuesto.
Los beneficiarios tampoco pagarán el Impuesto por transferencia de bienes raíces que se grava en la compra de los inmuebles donde operen las nuevas inversiones, los impuestos municipales por el activo neto ni los Derechos arancelarios a la importación, ni impuestos que se generen por la importación de maquinaria o implementos para desarrollar la actividad comercial, según se detalla en la nueva normativa.
«Si queremos transformar el PIB (Producto Interno Bruto) del país, la economía salvadoreña, debemos apostarle a ser sede de las inversiones de alto impacto, de alto valor. Inversiones que nos permitan realmente transformar la economía de El Salvador», expresó el diputado Soriano durante la discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, dijo que votó en contra de la ley porque considera que se promueve el crecimiento económico desigual. «Este régimen está diseñado para atraer capital rápido, pero sin ninguna garantía. Empleos no se generan por decreto», planteó la legisladora de Vamos.
