A 13 años de prisión, fueron condenados dos ecuatorianos detenidos en el 2022 transportando 1,350 kilogramos de cocaína valuados en $33,750,000.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, determinó que Francisco Darwin Rodríguez Chele y José Luis Mora Bailón, cometieron el delito de tráfico ilícito en la modalidad internacional.
En el juicio, fiscales de la Unidad Especializada de Delito de Narcotráfico probaron que el 20 de agosto de 2022, a bordo de una lancha, los extranjeros viajaban a 480 millas náuticas al sur de Punta Remedios, Acajutla, en Sonsonate.
Este caso es parte de dos procedimientos que un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) ejecutó el 18 y 20 de agosto de 2022 en los que incautó 3,640 kilos a un precio de $91,000,000.
En el primer expediente que conoció el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, condenó a siete extranjeros a 10 años de cárcel.
Los sentenciados en esa causa penal son: Luis Emiro Paredes Landázuri y Edward Alegría Góngora, de nacionalidad colombiana; los guatemaltecos César Ovidio Lima Herrera, Carlos Roberto Juncos Mazariego, Edwin Rufino Fuentes Mazariego y Teófilo Rodrigo Juncos Mazariego, así como el ecuatoriano, Byron Stalin Díaz Ávila.
Los narcotraficantes fueron localizados el 18 de agosto del 2022, por la Fuerza Naval a 450 millas náuticas al sur de Punta Remedios, iban en un LPV que es una embarcación de bajo perfil o semisumergible, les hallaron 2,290 kilos, valuados en $57,250,000.
Dos días después, interceptaron a los dos ecuatorianos con los 1,350 kilos de cocaína y ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador pidieron perdón al Estado salvadoreño, expresaron que cometieron el delito por necesidad económica para sacar adelante a sus familias, declararon que no conocían a las personas que les ofrecieron $15,000 por transportar la droga y entregarla.
El ministerio público destacó en el juicio la distancia en la que viajaban los ecuatorianos, lo cual acredita el tráfico ilícito internacional, además llevaban combustible para abastecerse en alta mar, el tamaño de las embarcaciones, lanchas sin matricula y sin enarbolar bandera, así como la existencia de dispositivos de posicionamiento global (GPS) que son analizados para determinar la participación de estas personas en el tráfico de la droga.
