El Órgano Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa que legisle a favor de la gestión de recursos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar dos programas relacionados con la sostenibilidad fiscal, la resiliencia y la atención de emergencias.

El jueves 7 de agosto el presidente del congreso, Ernesto Castro dio ingreso a dos piezas de correspondencia enviadas por el Ejecutivo, por medio del ministro de Hacienda, Jerson Posada, que buscan la suscripción de dos préstamos que en conjunto suman $350 millones.

Una de las piezas solicita la autorización para suscribir una línea de crédito de libre disponibilidad por $250 millones, denominado Préstamo de políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador.

Dichos recursos serán destinados para la adopción de medidas integrales y mejores herramientas que le permitan al país cumplir con sus responsabilidades fiscales y mantener una política macroeconómica adecuada.

El documento, que será estudiado por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, indica que los recursos también podrán ser destinados a atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias o eventuales apoyos a la caja fiscal.

 La segunda pieza de correspondencia, ingresada en la plenaria 68 y firmada por el ministro de Hacienda, solicita la autorización del pleno legislativo para suscribir otro préstamo, por $100 millones, denominado «Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes».

Se detalla en el documento recibido por la Asamblea que se trata de recursos que el BIRF otorgaría a El Salvador en apoyo a las medidas que el Gobierno ha adoptado en el marco de la responsabilidad fiscal.

«Los recursos del contrato de préstamo podrán utilizarse para financiar los procesos de respuesta y de recuperación ante emergencias o desastres, ya sea por eventos naturales adversos o de salud pública, minimizando con ello el impacto fiscal ocasionado por dichos fenómenos y contribuyendo a la atención o mitigación de los efectos adversos para el país, a través de transferencias varias, financiamiento de acciones estratégicas u obligacionesgenerales del Estado, o apoyo directo a la caja fiscal», detalla el proyecto de decreto.

Entre las condiciones del primer crédito están que será para un plazo de 25 años, incluyendo un período de gracia de hasta cinco años, con una tasa de referencia que se fijará siempre que se cancelen cuotas iguales o superiores a $25 millones, con una amortización que será semestral.

En el caso del segundo préstamo, por $100 millones, el plazo es para 30 años, con un período de gracia igual que el anterior y una tasa de referencia que se fijará de forma automática siempre que se paguen cuotas iguales o mayores a $10 millones.

Ambas iniciativas serían estudiadas por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, el próximo lunes.

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