En el proceso penal conocido como sobresueldos, el exministro de Trabajo y exdiputado en el gobierno del FMLN, Calixto Mejía Hernández, admitirá los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en un procedimiento abreviado acordado con la Fiscalía General de la República.
Ayer, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador tenía previsto iniciar de forma colegiada la vista pública en contra del exfuncionario, pero los fiscales del caso plantearon que se optará por un procedimiento abreviado y que la diligencia se suspendiera con el fin de definir la prueba a discutir en el juicio.
El tribunal les manifestó que establecieran la cantidad de testigos a presentar, pero el equipo de fiscales respondió que solamente llevarán a declarar a un testigo con régimen de protección y a Francisco Cáceres, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el mandato del fallecido expresidente Mauricio Funes.
Mientras que, el abogado particular de Mejía Hernández, mostró a los jueces el cheque emitido por un banco con el monto de lo reclamado en concepto de responsabilidad civil por el ministerio público.
Ni el abogado, ni los fiscales detallaron la cantidad de dinero que el exministro deberá cancelar como parte del acuerdo del procedimiento abreviado y que es uno de los requisitos para otorgarle esa salida alterna al proceso penal.
Hasta ayer, tampoco se informó de los años de condena que recibirá Mejía Hernández por los dos delitos que confesará que cometió en su calidad de funcionario en el gobierno de Mauricio Funes.
El procedimiento abreviado permite a cualquier imputado reducir significativamente los años de condena por un delito, todo depende de los parámetros de pena acordados con la representación fiscal y que el tribunal debe autorizar.
Cuando el ministerio público judicializó el expediente en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, señaló que Mejía Hernández había recibido $208,000 en concepto de sobresueldos en el mandato presidencial de Mauricio Funes.
En este caso la Fiscalía acusó a otros exfuncionarios. A Salvador Sánchez Cerén, por recibir $530,000; Carlos Enrique Cáceres Chávez, por $210.000; José Guillermo Belarmino López Suarez, $565,000; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, $290,000; Lina Dolores Pohl, $177,000; Violeta Menjívar, $177,000; Hugo Alexander Flores Hidalgo, $174,000; José Manuel Melgar, $150,000 y Erlinda Hándal Vega, $162,000.
En los casos de Cáceres Chávez, Violeta Menjívar, Flores Hidalgo y Hándal Vega ya fueron condenados al admitir los delitos.
